Indefensión nacional
El 30 de octubre de 2017, en el Centro Cultural Kirchner el presidente Macri, quien venía de triunfar en las elecciones de medio término de ese año, anunció su “Plan de Reformas”. Entre las medidas a las que aludió en forma más o menos explícita en esa oportunidad, mencionó la reforma previsional, la reforma laboral y la reducción del gasto público para controlar el desorbitado déficit fiscal.
Fuente: Horacio Minucci del Instituto de Estudios Nacionales
La primera de esas mentadas reformas que afectó a los jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asistencia Universal por Hijo (AUH) y los Veteranos de la Guerra de Malvinas, (reforma que analiza Carlos Ríos en su artículo “Ecos del saqueo”, ver página 42), provocó una generalizada repulsa de distintos sectores de la ciudadanía. En todo el país, con epicentro en Buenos Aires, miles de ciudadanos se manifestaron, “cacerolearon” o se expresaron en las redes sociales, en contra de la mencionada reforma. La masividad de dichas expresiones cambió el escenario político.
El diario de España “El País”, señaló que, como es histórico en Argentina, el pueblo se expresa en las calles marcando el rumbo de la política. Esto es así, porque el protagonismo directo del pueblo en la calle está en la raíz de la historia de nuestra nación, desde que en 1806 y 1807 fue el pueblo en las calles reunido en fuerza miliciana, junto a los oficiales patriotas que se negaron a jurar obediencia al invasor inglés, el que cambió el curso de la historia, el que derrotó con sus noveles fuerzas militares a la invasión de una poderosa “task force” británica de 10.000 hombres venidos para someter a nuestro pueblo al dominio de Su Majestad Británica. La victoria de las armas patriotas, abrió curso al triunfo de la revolución en mayo de 1810.
El gobierno actual, que creyó poder avanzar como por una “autopista” con sus medidas de ajuste, sufrió un duro traspié que complicó sus planes.
Luego, trató de imponer la llamada “reforma laboral” mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU), que fue rechazado también por amplios sectores de trabajadores y no encontró consenso entre los legisladores de la oposición y que se haya, por ahora, estancada.
El centro de la reducción del déficit fiscal que se pregona como una meta insoslayable, que, como veremos líneas adelante se ha agravado de manera extraordinaria, es el despido de personal contratado y el desmantelamiento de áreas claves del Estado. Entre estas áreas están las vinculadas a la defensa nacional en la que ya se han producido numerosos despidos y liquidación de algunas de sus empresas.
El desmantelamiento del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el cierre de FANAZUL, producidos hace pocas semanas atrás, la desarticulación de FADEA, etc., son pasos en dirección a liquidar todo el remanente del complejo militar-industrial destruyendo toda capacidad industrial para la defensa nacional.
La “reestructuración” que se propone para las FFAA es extendida y ambiciosa; incluye suprimir la operatividad de la Fuerza Aérea, fusionar la Armada con la Prefectura, y transformar al Ejército en una guardia nacional para actuar en conflictos internos. Para el complejo militar-industrial, que ya venía siendo destruido desde hace décadas, se anuncia una fuertísima reducción que conlleva su liquidación de hecho.
La designación del Dr. Aguad para la cartera de Defensa, indicó que el gobierno estaba decidido a avanzar en la reducción del área y en el rápido cambio de orientación de las funciones del instrumento militar de la defensa nacional, en función de las hipótesis de conflicto interno. Durante la convención constituyente de 1994, Aguad se opuso a la Cláusula Transitoria sobre Malvinas, un dato significativo para quien ocupa la cartera de Defensa en un país agredido por el Reino Unido.
En distintos documentos del ministerio de Defensa se señalaba con minucioso detalle las reducciones a las que se vería reducido el instrumento militar y, en especial, el sistema de defensa nacional que había logrado sobrevivir penosamente desde que se impuso como política de Estado la desmalvinización.
En todos los ámbitos vinculados a la defensa nacional se daba por descontada la eliminación de varios emprendimientos, en especial, los vinculados al desarrollo autónomo de vectores, el cierre definitivo del Astillero Río Santiago, etc., así como la decisión del Ejecutivo nacional de modificar la reglamentación de la ley de defensa para habilitar la participación de las FFAA en la represión interna. Es conocido que, en ámbitos reservados del Ejecutivo Nacional se redactaron proyectos de modificación al Decreto 727/06 que reglamenta la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, que por ahora no han sido presentados al Parlamento donde no alcanzarían el número suficiente para su aprobación.
El 15 de noviembre de 2017 con una tripulación de 44 miembros, desapareció en aguas del Atlántico Sudoccidental el submarino ARA San Juan. Cuando se produjo la catástrofe del ARA San Juan, el gobierno se encontraba trabajando un acuerdo militar con el Reino Unido y con EEUU para reestablecer la “cooperación” en ese ámbito.
La desaparición del buque ARA San Juan conmovió al pueblo. El gobierno nacional trató de eludir sus responsabilidades. No porque la administración anterior no las tenga, pero en algo más de dos años de gestión del gobierno del ingeniero Macri (quien ejerce el cargo de Comandante en Jefe de las FFAA de la Nación), lejos de revertirse el estado de destrucción del sistema de defensa nacional, se lo profundizó.
No cabe ninguna duda que el desastre del submarino ARA San Juan se produjo en el contexto de la política de Estado de indefensión nacional que se viene aplicando desde el 14 de junio de 1982 hasta la fecha, y que, por lo tanto, expresa de manera directa esa política; expresa el abandono, destrucción y corrupción en que los distintos gobiernos han sumido al sistema de defensa nacional y por lo que hombres y mujeres de las fuerzas militares arriesgan su vida diariamente.
Poco después del incidente del ARA San Juan, un Hércules C130 debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Río Gallegos. La aeronave, matrícula TC-69, no pudo llegar a la Base Marambio, a donde se dirigía. Se trata de un Hércules “renovado”. Este incidente recuerda al denunciado por el Licenciado Santiago Andrich, quien fue despedido por el gobierno nacional por denunciar el mal estado de los aviones en que el personal civil y militar era trasladado en las misiones a la Antártida.
Semanas atrás, un avión Pampa IA-63, sufrió el desprendimiento de su cúpula mientras su tripulación efectuaba pruebas con la aeronave.
El supermercado del mundo
En un documento de noviembre de 2017, el Foro Patriótico y Popular señaló: “El proyecto político del gobierno del presidente Macri es transformar a la Argentina en el ‘supermercado’ del mundo. Un país desindustrializado, proveedor de materias primas y alimentos con poco valor agregado. Un proyecto económico y político similar al de la oligarquía de principios del siglo XX, cuando la Argentina era llamada ‘el granero del mundo’.”
Es un proyecto de espalda a un país independiente y, por lo tanto, indiferente a las necesidades de una política de defensa nacional que contemple tanto la disuasión frente a la voracidad de las potencias imperiales, como la defensa frente a la agresión colonialista del Reino Unido y su ocupación militar de nuestros territorios insulares.
Es un proyecto que vincula la desindustrialización, la indefensión y la pauperización de la nación con el endeudamiento sistemático y progresivo con los usureros internacionales.
En términos de desindustrialización, la destrucción de la industria nacional (en especial de la pequeña y media empresa), se demuestra por el número de fábricas que han debido bajar sus persianas, el de trabajadores despedidos, la reducción real de los asalariados y el aumento del trabajo en negro. En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso Nacional, el presidente no hizo ninguna mención, ni presentó proyectos sobre la industria, sí tuvo tiempo para hablar de “la revolución del turismo”.
Desde la asunción del gobierno del presidente Macri, hay un aumento incesante y sostenido de la pobreza y la indigencia. Estudios de centros de investigación, señalan que en la provincia de Jujuy la pobreza castiga al 50% de la población, y podría ser mayor aún en los conurbanos de las grandes ciudades. Ese aumento se vincula a la pérdida de fuentes de trabajo, la precarización laboral y la reducción del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, la Asignación Universal por hijo, y otros ingresos fijos.
Por otra parte, la inflación hace estragos en la capacidad de compra de los sectores de menores recursos y ni hablar de aquellos que perciben alguna asistencia del Estado, se trate esta de planes sociales o alguna modalidad de trabajo en cooperativas.
Lejos de haber reducido el flagelo inflacionario, la inflación que se prevé para el 2018 no sería menor al 24%, según los mismos economistas liberales.
El “Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina”, señala que un 30% de la población es pobre, pero abarcaría un contingente mucho mayor si se consideran las condiciones de vida integrales: precariedad de las viviendas, falta de redes de agua potable, electricidad, gas, existencia de escuelas y centros de salud cercanos, proximidad con basurales y otros lugares contaminantes, barrios con distribución de droga. Para esto último, el Observatorio confirma que el 48,5% de los barrios está en esta situación. Muy lejos de las cifras que el INDEC oficial brinda, o directamente no habla.
En lo que hace al endeudamiento (Ver Artículos del Licenciado Héctor Giuliano), la deuda externa trepó a más de 300 mil millones de dólares y todo indica que se proseguirá con el endeudamiento. Esa cifra no incluye la deuda llamada “cuasifiscal”, la que el gobierno obliga a tomar al Banco Central y demás bancos estatales, las empresas del Estado y las provincias, con lo que la deuda pública es más del doble de la reconocida por el gobierno.
Nuestro país ya conoce las destructivas consecuencias de políticas de endeudamiento con los centros financieros imperialistas. Fue la aplicación de esas políticas y su sostenimiento en el tiempo que llevaron a la nación a la debacle del 2001. Crisis de la que la Nación pudo salir, por la decisión de suspender el pago, con el compromiso de investigar cuáles eran las deudas licitas y cuáles eran las “ilegítimas, usurarias y odiosas”. Investigación que ninguno de los sucesivos gobiernos realizó.
El déficit fiscal y el comercial, de los que siempre se promete su reducción, han crecido y con ellos el brutal endeudamiento externo. Las cifras que el gobierno nacional difunde son engañosas. El papelón que el ministro Dujovne protagonizó en España cuando un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Fonseca, lo cuestionó en su exposición, dejó al descubierto la falsedad de esas cifras en lo que respecta a pobres, indigencia, desocupación y las cuentas en rojo.
La creciente pauperización del pueblo, la desocupación, la destrucción del sistema productivo, el endeudamiento incontrolado, etc., y la subordinación nacional a los intereses y ambiciones de las grandes potencias del mundo, configura un cuadro de creciente conflictividad social. Ante este escenario, y como ya se ha visto en distintas oportunidades, algunas veces con luctuosos resultados, el gobierno, en vez de atender los reclamos de vastos sectores de la ciudadanía y dar solución a los acuciantes problemas de amplias franjas de la sociedad, propone un escenario de confrontación en el que está decidido a utilizar a las fuerzas armadas en el conflicto interno.
Una política de indefensión nacional
El gobierno nacional, continuando con los lineamientos impuestos por las potencias mundiales luego de la Batalla por Malvinas, niega la existencia de hipótesis de conflicto e hipótesis de guerra. Por ello no extraña que el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, el Licenciado Lucas Llach, haya publicado sin ninguna consecuencia, un tweet en el que afirmó: “Yo entregaría no sólo las Falklands (repárese que no escribió “Malvinas”), sino todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo”. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo: “con Inglaterra no hay enfrentamiento”. Los comentarios sobran.
Las hipótesis de conflicto como las de guerra existen con independencia de que las naciones las tengan en cuenta o no. Se encuentran por decenas en la historia del mundo, las consecuencias sangrientas que padecieron distintos pueblos por la indiferencia de sus gobiernos ante los peligros bélicos que se cernían sobre sus naciones.
En el mundo, aunque el gobierno no repare en ellos, se desarrollan actualmente numerosos conflictos armados, así como hay conflictos que pueden desembocar en nuevas guerras.
No siempre un conflicto supone una hipótesis de guerra. Pero para poder afrontar cualquier conflicto, la capacidad disuasiva del Estado nacional es un componente indispensable. Diplomacia sin fuerza, son solo palabras. Y a las palabras, ya se sabe, se la lleva el viento.
En el caso de nuestra nación, el conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte supone una clara hipótesis de guerra. Con independencia de lo que enuncien las autoridades argentinas, Inglaterra tiene como hipótesis de guerra un conflicto armado con nuestro país. Parece innecesario tener que recordar que, en 1982, Inglaterra nos hizo la guerra para reestablecer su dominio colonial en las Malvinas, demás archipiélagos australes y mares adyacentes.
Instaló una poderosa base militar en Mount Pleasant, la que acaba de reforzar con un sofisticado sistema de misiles.
Extendió su control militar en Georgias, la que declaró, en 1985, como Territorio de Ultramar independiente del de Malvinas y desde Georgias proyecta su capacidad militar hacia la Antártida Argentina. Allí operan sus submarinos todos provistos con misiles nucleares intercontinentales.
El Reino Unido llama a los territorios antárticos reclamados por Argentina y Chile, “Territorios Antárticos Británicos”, e impuso el nombre de “Tierras de la Reina Isabel” a más de un millón de kilómetros cuadrados del Sector Antártico Argentino.
Todos los ejercicios militares que el Reino Unido realiza en el Atlántico Sudoccidental, tienen como hipótesis una guerra contra la Argentina.
Además, nuestro país está ubicado en una zona estratégica, la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico y la proyección antártica.
Está la cuestión de los recursos naturales: litio, agua, alimentos, etc., que la Argentina posee en calidad y cantidad y que las potencias mundiales saquean en su beneficio. Todos estos datos demuestran de manera indubitable la existencia de hipótesis de conflicto y de guerra para nuestro país y que las autoridades nacionales ignoran olímpicamente.
La situación internacional y las “alianzas estratégicas” con potencias mundiales
No marchamos a un mundo donde no hay lugar para héroes ni banderas, como sostuvo el presidente del Banco Central, Lic. Sturzenegger. Vivimos un mundo en el que hay un puñado de naciones poderosas, imperialistas y colonialistas, y una inmensa mayoría de países dependientes, oprimidos y colonizados, que luchan por su libertad y su independencia. No existe un mundo de países iguales. Desde que EEUU enunció su nueva doctrina de seguridad denominada “guerra preventiva”, Rusia ocupó Crimea, China establece contingentes en África y bases militares como en nuestro país, y Alemania y Japón reniegan de las limitaciones estratégicas impuestas en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra reforzó su presencia en el Atlántico Sud occidental.
Las crecientes tensiones internacionales, la agresiva política de Trump, la disputa de EEUU con China y Rusia, el restablecimiento de la doctrina de guerra nuclear y por ende el desarrollo de nuevo y más poderoso arsenal nuclear estratégico, demuestran claramente en qué dirección se desenvuelven los acontecimientos internacionales.
En la actualidad se desarrollan numerosas guerras en distintos lugares del mundo, cualquiera de las cuales puede derivar en graves conflictos regionales o de alcances difíciles de predecir. Ucrania, Siria, Libia, Sudán, Palestina, Irak, Kurdistán, Yemen, etc., son solo algunos nombres propios de esas guerras. Se suma a esto, la amenaza de un nuevo conflicto militar entre Arabia Saudita e Irán y las provocaciones de guerra de EEUU contra Corea del Norte.
El papa Francisco ha caracterizado esta precaria situación internacional como un verdadera “guerra mundial” en “fases” y que pone negros nubarrones en el horizonte de la humanidad. Y advirtió sobre el riesgo de una guerra nuclear.
Todos estos elementos demuestran de manera contundente que no estamos ni marchamos a un idílico mudo en el que su problema principal es la superabundancia de capitales dispuestos a invertir generosos en países como el nuestro. La caída de la bolsa en Wall Street demostró la fragilidad de la economía mundial y arrastró a las bolsas del mundo, y también a la Argentina. Lo que crece en el mundo es la inestabilidad y los factores de guerra.
La Argentina es un país dependiente y disputado desde sus orígenes por distintos poderes coloniales e imperialistas. Es además un país con parte de su territorio ocupado por una potencia militar colonial: Inglaterra. Sufre imposiciones coloniales como los Acuerdos de Madrid firmados en octubre de 1989 y febrero de 1990 plenamente vigentes. Está ubicado en una zona estratégica del mundo.
Existe una base militar china en Neuquén y se negocia una segunda en San Juan. Con Rusia, se negocia “ayuda” en la llamada “ciberseguridad”, etc. El gobierno del presidente Macri ha reforzado las llamadas “alianzas estratégicas integrales” con China y Rusia.
En su viaje a Davos ofreció a distintas potencias mundiales negocios en petróleo, litio, obra pública, etc. y mandó a sus ministros Bullrich y Aguad para negociar la adhesión argentina a la estrategia militar de EEUU sobre las nuevas amenazas. Esta política ha reforzado la dependencia argentina de los centros de poder imperialistas y, por lo tanto, todos los males que aquejan el cuerpo enfermo de la Nación.
La hipótesis de conflicto es interna
Como bien han señalado voceros de la Iglesia argentina, se está tratando de fabricar un enemigo interno que justifique el uso de las FFAA para la seguridad interna. Ejemplo de esta política son las acciones que el gobierno nacional viene desarrollando en la Patagonia argentina, en respaldo de los grandes latifundistas extranjeros, en especial de Benetton y Lewis. Benetton con profundas ligazones con la corona británica y Lewis, directamente, un hombre que responde al Reino Unido. Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, se produjeron en el marco de acciones represivas en el sur.
La “Task force” de Patricia Bullrich
La ministra de seguridad Dra. Patricia Bullrich, luego de reunirse con funcionarios del Departamento de Estado de EEUU, el Congreso estadounidense, el FBI, la DEA y Homeland Security (Seguridad Interior), anunció la formación de una “Task force” con sede en Posadas, con fuerzas de seguridad de ese país. Afirmó que se tratará de una base similar a la que ya actúa en la provincia de Salta en la que participa la DEA.
Por este acuerdo, la DEA y Homeland instalarán una base activa en Misiones.
El acuerdo se hizo invocando la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas. No caben dudas que se trata de un acuerdo en el marco de la estrategia de EEUU denominada “nuevas amenazas”, que fue formulada hace ya largos años en el Documento Santa Fe IV, durante la segunda presidencia de George Bush. Desde entonces, EEUU presiona a la Argentina para que adhiera a estos principios militares. El gobierno argentino ha hecho propia esta doctrina militar y avanza con este y otros acuerdos, en consolidar un rumbo.
La ministra, hizo estos anuncios en rueda de prensa con periodistas argentinos, antes de partir a Key West, donde se encontró con el ministro de Defensa Dr. Oscar Aguad para una visita conjunta al Comando Sur de los EEUU.
Bajo el mando estratégico del Comando Sur está la Guardia Nacional de Georgia, con la que el gobierno argentino firmó un controvertido acuerdo. En diciembre de 2016 se presentó en la embajada de EEUU dicho convenio de “cooperación militar”.
Conviene recordar lo publicado en el editorial de la edición N° 52 de nuestra revista:
“(…) La Guardia Nacional del Estado de Georgia (EEUU), es uno de los principales centros militares del mundo.
El presidente Macri había manifestado su voluntad de integrarse al Programa de Colaboración Estatal (State Partnership Program) que coordina el Departamento de Defensa de EEUU y en el que participa directamente la Guardia Nacional. El SPP (por su sigla en inglés) es un programa que impulsa acciones militares conjuntas con el Comando de Combate Unificado (Unified Combatant Command), creado por la administración de George H. Bush en 1989. Este organismo prioriza sus acciones militares en el exterior (Subrayado nuestro).
La Argentina, ingresó con este acuerdo bajo la órbita del Comando Sur de los EEUU (United States Southern Command), al mismo tiempo que el presidente electo Donald Trump designará al frente del Departamento de Seguridad Nacional a John Kelly, quien lideró el Comando sur entre 2012 a 2015.
Los objetivos formales del SSP son promover la “interoperabilidad” y “enlazar las capacidades militares” de ambos países. En el caso argentino, el acuerdo que se formalizó con el Estado de Georgia, habilita a sus miembros a que operen en nuestro país y tomen decisiones por encima de las FFAA locales. El acuerdo se refiere a zonas de frontera, catástrofes naturales, aunque no descarta la participación de esas fuerzas militares en conflictos sociales, dado que su objetivo genérico es “mantener la paz en la región”. Lo anterior pone a Argentina en grave peligro de intervención de tropas extranjeras en nuestro territorio (las estadounidenses y las de potencias adversarias), en un mundo en el que crecen las guerras militares y comerciales.
Los acuerdos con EEUU dieron lugar a la compra de aviones Texan por lo que se abandonó la remotorización de los Pucará y se avanzó, consecuentemente, en el vaciamiento de FADEA.
También conviene recordar que, poco tiempo antes del acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, se firmó la “Nota de entendimiento” entre el gobierno argentino y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, acto conocido como el Acuerdo “Malcorra-Duncan”.
Este acuerdo o nota se rubricó invocando los llamados “Acuerdos de Madrid”, firmados por el presidente Menem y su entonces canciller Domingo Cavallo de octubre de 1989 y febrero de 1990 en los que se estableció, en el primero de ellos, el llamado “paraguas de soberanía”, y en el segundo, el control de policía del Reino Unido sobre las fuerzas de defensa argentinas.
En ese mismo editorial señalamos:
“El entendimiento Malcorra-Duncan, (…) compromete vuelos desde el continente a Malvinas para abastecer a las fuerzas de ocupación colonialista y de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos argentinos en la zona de la ocupación militar extranjera de nuestros territorios insulares. La misma Cámara de Comercio de la ocupación colonial de nuestras Malvinas ha manifestado su necesidad de los vuelos argentinos, por lo que no haremos más que facilitar nuestra ocupación colonial, en lugar de dificultarla. Difícilmente se encuentre en la historia un ejemplo similar en la que un país con su territorio parcialmente colonizado facilite la continuidad de la situación.”
Poco tiempo después, se comenzaron a discutir “fórmulas de acercamiento” para satisfacer el reclamo inglés de aprovisionar Malvinas mediante la realización de vuelos desde el continente. Más acá en el tiempo, el gobierno argentino aceptó la realización de vuelos desde otros países suramericanos hasta Malvinas, lo que implica un reconocimiento soberano, y, más grave aún, permitió el aterrizaje de un avión militar desde la base de Mount Pleasant, con el pretexto de la búsqueda del submarino ARA San Juan, lo que implicó un reconocimiento directo de la Argentina al ejercicio de la soberanía por parte de la potencia ocupante. Es lo que el Dr. Camilo Rodríguez Berrutti señala como práctica del “stoppel” o la responsabilidad por los actos propios en materia de política entre Estados.
Se ha demostrado que dichos Acuerdos son la viga maestra de las relaciones argentino-británicas tras la derrota en la batalla de las Malvinas. Desde el 14 de junio de 1982, durante el último tramo de la dictadura militar con la presidencia de Bignone, hasta la fecha, los Acuerdos de Madrid instalaron la desmalvinización como política de Estado y se avanzó en la destrucción de todo el sistema de defensa nacional, hasta su actual estado de total colapso.
La última novedad es el establecimiento de “ámbitos de cooperación” con el Reino Unido de Gran Bretaña en la Antártida, obviando que la potencia ocupante reivindica como propio todo el sector antártico argentino y gran parte del chileno.
Las fronteras
Nuestras regiones limítrofes son una cuestión estratégica sobre la que debemos reflexionar. Abrir el debate que tratan de ocultar: ¿Cómo defendemos nuestras fronteras?
Anulada la ley que imponía ciertas prohibiciones, grandes extensiones de nuestros límites nacionales, ricas en minerales, el acuífero guaraní, paisajes para la “revolución turística” (el presidente debió agregar “internacional” en su discurso), etc., pasan a manos de latifundistas, en gran medida extranjeros y sectores oligárquicos asociados o testaferros de alguna potencia. Les dan a los zorros “el cuidado” de nuestros gallineros.
Desde el año 2006 a la actualidad, desde la administración del presidente Kirchner, se avanzó en la utilización de las fuerzas de Frontera, Prefectura y Gendarmería, como fuerzas para tareas de represión del conflicto social, retirándolas de sus funciones específicas de custodias de la soberanía en las fronteras de la patria.
El escándalo de la publicidad del “Proyecto X”, durante el gobierno de Fernández Kirchner y siendo ministra de Seguridad la Dra. Garré, dejó en evidencia esa decisión estratégica.
La custodia y defensa de las fronteras es un deber insoslayable en una nación con tan extensas fronteras terrestres, fluviales y marítimas.
El gobierno del Ing. Macri, con el concurso de la Dra. Bullrich, ha profundizado este rumbo. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, producidas en este gobierno, son ejemplos trágicos de esta política.
La invasión latifundista extranjera o lacaya, viene asociada a disturbios, funcionales al objetivo de demonizar a originarios, sin ahorrar sangre, para expulsarlos de sus tierras, a veces con topadoras y sin pagar un peso.
Los originarios, con sus reclamos de tierra, son parte de la defensa nacional, considerada en su conjunto, de nuestras fronteras. Acaban de conquistar la prórroga por 4 años de la Ley 26.160, dictada por el Congreso Nacional, de censo y propiedad de sus tierras ancestrales.
Existen en nuestra historia ejemplos medulares de esa decisión de defender las fronteras de la agresión externa de conquistadores e imperios.
En Salta, el Libertador General Martín Miguel de Güemes, derrotó numerosas incursiones de los invasores realistas, y fue la garantía para que el Gral. San Martín pudiera organizar el Ejército de Los Andes y así cruzar la cordillera y derrotar al ejército español en Chacabuco y Maipú, victorias claves para la independencia de toda Suramérica.
No se puede comprender la heroica guerra que libraron las fuerzas del Gral. Güemes para proteger nuestras fronteras, sin comprender la profunda relación entre ejército y pueblo que Güemes desarrolló tanto como jefe militar como gobernante. A su brillante táctica militar y su indudable valentía, se sumaron su profunda comprensión de las necesidades del pueblo, sus sufrimientos, sus aspiraciones. Su proclama sobre la propiedad de la tierra para los más pobres, fundamental para la defensa de la patria, respondió a esas necesidades y aspiraciones, y lo transformaron en un líder integral y por ello fue un objetivo a eliminar tanto para los invasores externos como para la oligarquía salteña y la de Buenos Aires.
La proclama a los pueblos de Misiones del Gral. Belgrano, también es un ejemplo de cómo se vincula la defensa de las fronteras (la defensa de la patria), con las necesidades del pueblo.
El ejemplo más claro en la defensa de los ríos interiores, es decir, en las fronteras fluviales, fueron los combates contra la agresión franco-inglesa, cuando las batallas de la Vuelta de Obligado, Tonelero y Punta Quebracho.
Con estos ejemplos como guías, es imperioso devolver las fuerzas de frontera a sus verdaderas misiones, para enfrentar el flagelo del narcotráfico, detrás del cual se mueven todas las potencias imperialistas que lucran con este infame negocio, así como otras expresiones del delito complejo, que afectan de manera directa los derechos del pueblo.
La ministra Bullrich propone “confiar” en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos en la DEA, y otras agencias extranjeras. Pero EEUU es el mayor consumidor y traficante de drogas del mundo.
Inglaterra desarrolló dos guerras contra China, las llamadas “Guerras del opio”, para introducir el veneno del opio entre la población de ese país. Recién en 1949, con el triunfo de la revolución, se pudo poner fin al flagelo de la droga.
¿Desconoce la ministra los escándalos de tráfico de drogas que en todas las potencias mundiales se ventilan a diario?
La droga y el tráfico de personas para la esclavitud sexual y/o laboral se han convertido en los negocios más rentables y de mayor volumen mundial. Solo en EEUU hay 40 millones de consumidores reconocidos.
La presencia de la DEA y otras agencias de países imperialistas para “ayudarnos” en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos es, como dice la vieja sentencia popular otro zorro que ponen “a cuidar un gallinero”.
Por una verdadera Defensa Nacional integral
Es imposible definir una verdadera política de Defensa Nacional sin definir el tipo del país al que aspiramos. El presidente Macri propone ser “el supermercado del mundo” como explicamos líneas arriba.
Para ese modelo de país, la defensa nacional, sobra. Basta con una poderosa fuerza represiva que garantice a los poderosos del planeta y a sus “perduelis”, la paz de los cementerios.
Pero basta bucear en la historia nacional para ver qué trágicas pueden ser las consecuencias cuando los gobernantes se subordinan a los poderosos y gobiernan de espalda a las necesidades y anhelos de sus pueblos.
Tomemos el ejemplo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807.
Una fuerza reducida de 1600 hombres comandada por Beresford, tomó la ciudad de Buenos Aires sin disparar un solo tiro, luego de protagonizar apenas unas refriegas en el Riachuelo.
Las autoridades políticas y militares se rindieron sin combatir y en Tedeum juraron fidelidad a Su Majestad Británica.
Fueron los oficiales dispersos de los ejércitos de tierra y de mar, como escribió Matheu, los que, junto al pueblo organizado en milicias, derrotaron a los ingleses y los obligaron a capitular el 12 de agosto de 1806.
Esos oficiales y ese pueblo, impusieron en el congreso del Cabildo el 14 de agosto, la convocatoria al pueblo a organizarse en fuerza militar. Más de 10.000 voluntarios integraron el Regimiento de Patricios, los Húsares de Pueyrredón (los primeros en usar el distintivo azul y blanco), los Regimientos de Pardos y Morenos, etc. Y esto ocurría estando la flota invasora a pocos kilómetros de la ciudad, apostada en el Río de la Plata.
En julio de 1807, diez mil hombres del ejército británico invadieron por segunda vez Buenos Aires. Se combatió calle por calle, esquina por esquina, casa por casa. Soldados, niños, ancianos, mujeres, el pueblo en armas, destrozó a una fuerza militar experta (venían de carnear al pueblo hindú en la guerra colonialista contra aquella nación), y obligaron a la rendición de Whitelocke, el pomposo general inglés que abandonó tras su derrota Buenos Aires y Montevideo.
Aquella conjunción de pueblo en armas y fuerza militar organizada, abrió el curso de la Revolución de Mayo. Allí comenzó el largo camino de la emancipación nacional y suramericana.
La Reconquista y Defensa de Buenos Aires, Suipacha, Tucumán, Salta, ambas Piedras, Chacabuco, Maipú, Ituzaingó, la Vuelta de Obligado, Tonelero, Punta Quebracho, el 2 de abril de 1982, Longdon, Tumbledown, los combates aéreos en Malvinas, las acciones heroicas de los comandos, son ejemplos a estudiar y a seguir.
La defensa nacional responde a lo que se llama la Gran Política, como la define el Coronel De Guernica, y una gran política para nuestro país es la que propone “reconquistar el patrimonio nacional, establecer la soberanía popular, y garantizar la independencia argentina”. Una defensa nacional integral que sirva como fuerza disuasiva y como efectiva fuerza de defensa y pueda, en el momento y del modo conveniente, asistir a la reconquista de los territorios hoy usurpados por el Reino Unido, debe tener estos objetivos y con ellos desarrollar y fortalecer los instrumentos militares necesarios para poder alcanzarlos.
Fuente: Horacio Minucci del Instituto de Estudios Nacionales