¿A QUE SE REFIEREN CON 'DEMOCRATIZAR' LA JUSTICIA?

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NOTA DE ARCHIVO: Si por un lado la presidente habla de 'democratizar' la Justicia y por el otro Vaca Narvaja trata de 'mierda' a la Cámara que le falló en contra; ¿a qué se refieren con 'democratizar la Justicia'?

Autor: Propio

Pensamos que es claro el designio de los políticos del gobierno: completar en el orden nacional, la demolición de la independencia judicial que se operó en las provincias.

La gran mayoría de los argentinos, no sabe que este proceso que vivimos hoy, comenzó a mediados de los '90, de la mano del mal recordado Domingo Cavallo, bajo el manto de una 'democratización de la justicia'.

El 26 de agosto de 1997 el entonces Ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, presentaba el llamado ‘Plan Nacional de Reforma Judicial’ y que es el punto de partida de lo que él mismo definió como un “Plan maestro para colaborar con los proyectos de reformas en materia de justicia en momentos en que el país enfrenta la 2da. Generación de reformas” (es decir, que su Ministerio no implementaba nada, sino que se limitaba SOLO a apoyar políticamente un plan diseñado por otros intereses).

En la edición de ese día 26 de agosto, el diario La Nación informaba que “El Banco Mundial, en la misma línea que el Fondo Monetario Internacional, que otorgó a la Argentina un préstamo de 1000 millones de pesos (dólares) para ser destinados a la reforma del Poder Judicial, insiste en la necesidad de que los países se hagan cargo de construir un Poder Judicial más ‘transparente’ como condición ineludible para atraer más inversiones y a la vez disminuir la evasión tributaria. Todas las reformas propuestas, según se informó a La Nación, apuntan a dotar al Poder Judicial de mayor eficiencia y procedimientos más simplificados y, simultáneamente, a reservar la actuación judicial para las causas más importantes, mientras que se descargará la solución de los conflictos menos relevantes en otros mecanismos como, por ejemplo, los tribunales de menor cuantía (o la mediación).

Entonces, el referido plan proponía, en realidad imponía, una justicia ‘flexible’, sin mucho control, como condición para atraer capitales; la ‘exclusión’ de los ‘conflictos menores’ y la orientación de los recursos a las ‘causas más relevantes’. Nadie aclaró ‘quien’ se encargaría de determinar cuáles eran los casos importantes y los menos relevantes, por supuesto.

En realidad, este ‘plan maestro’ es la respuesta a un informe redactado en la Conferencia del Banco Mundial sobre Reforma Judicial en América Latina y el Caribe, efectuada en Junio de 1994 que estableció la necesidad de establecer una ‘nueva política judicial’. Esta ‘recomendación’ fue señalada en el Capítulo XIV, ‘Conclusiones y Recomendaciones Generales’.

A su vez, estas reformas fueron previstas en el documento denominado ‘Santa Fe II’, elaborado por el Departamento de Estado de los EEUU a finales de los ’80, donde se elabora el plan para INFLUIR en los Poderes Judiciales de los países latinoamericanos. ¿Por qué? …

… Porque los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la mayoría de los países de América Latina, poseían la característica de la ‘inamovilidad’ y, por ello, estructuralmente más resistentes a la presión y a los cambios.

De allí la necesidad de ‘modernizar’ la Justicia, de manera de vencer la resistencia so pena de considerárselo ‘retrogrado’ u ‘obsoleto’.

No caben dudas que contemporáneamente se efectuaron también estas reformas en la mayoría de los países de Latinoamérica. Fíjense la lista y los nombres dados a la reforma en cada país. Nótese cómo se repite la palabra ‘modernización’: Colombia (BID, Cooperación Técnica para el Programa de Modernización de la Administración de Justicia); Costa Rica (BID, Programa de Modernización de Justicia); Ecuador (Centros de Mediación y Arbitraje – BID, Modernización del Sistema Jurídico); El Salvador (Modernización de la Legislación Comercial – BID, Programa de Apoyo a la reforma del sistema de Justicia); Guatemala (Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia); Haití (Modernización de los Sistemas de Justicia); Honduras (Programas de Modernización para la Administración de Justicia); Panamá (Mejoramiento de la Administración de Justicia); Bolivia (Modernización de las Relaciones Laborales – BID, Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia); Nicaragua (Programa de Apoyo a la Reforma Judicial); Uruguay (Programa de Reforma de la Seguridad Social- BID, Fortalecimiento del Sistema judicial uruguayo); Nicaragua (Programa de Apoyo a la Reforma Judicial); Venezuela (Reforma del Sistema de Justicia); Brasil (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos); Chile (Servicios de Arbitraje y Mediación Comercial); México (Proyecto II de Modernización de los Mercados de Trabajo); Perú (Mejoramiento del Acceso a la Justicia).

Todo este proceso, fue acompañado por una serie de ONG's que contaban con aportes extranjeros (del mismo Banco Mundial, a través de asociados), que promocionaban la reforma judicial como una forma de 'democratizar' la justicia. En próximas notas, daremos los nombres.

Lo cierto es que la 'democratización' (tan etérea antes como ahora) nunca se produjo. Antes bien, todas las reformas operadas fueron para ajustar el sistema judicial al requimiento y necesidades de los centros de poder, los grandes intereses corporativos y el manejo político de los Jueces.

Autor: Propio