LA AGENDA SOROS TIÑÓ DE VERDE A LA JUSTICIA DE CÓRDOBA

Sociedad Viernes 21 de Diciembre de 2018

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Por mayoría, el Tribunal Superior de Córdoba consideró que no había un caso judicial y que la asociación Portal de Belén solo discrepaba con lo que posibilita el Código Penal.

(Extraído de la Página Oficial del Poder Judicial) Por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) concluyó que la asociación Portal de Belén solo había planteado una mera discrepancia subjetiva con el permiso excepcional de abortar sin consecuencias punitivas que el Código Penal (art. 86, incs. 1 y 2) le concede a la mujer particularmente cuando es víctima de una violación. Como consecuencia, el Alto Cuerpo consideró que no había un caso judicial en propiedad que le permitiera examinar la constitucionalidad de la Resolución nº 93/12, en virtud de la cual el Ministerio de Salud de la provincia ha fijado un procedimiento o guía para las mujeres que, en Córdoba, demandaran la interrupción de la gestación, precisamente, por haber sido víctimas de un abuso sexual con acceso carnal en virtud del cual hubieran resultado embarazadas, o cuando su salud o vida peligraran.

Resulta increíble (y hasta cansador) que el Alto Cuerpo Cordobés, en este caso apremiado por presiones para cumplir con los designios políticos de la llamada “Agenda Soros”, apele a desacreditar a los litigantes, acusándolos de plantear una ‘mera discrepancia subjetiva’, cuando el Amparo (que hemos leído) se encuentra profusamente fundado en diversos argumentos y normas jurídicas de aplicación obligatoria por todos los jueces –especialmente la Corte Suprema de Justicia de la nación y el Tribunal Superior de Córdoba- (Constitución Nacional, Constitución Provincial, Declaración Sobre los Derechos del Niño, Código Civil y Código Penal): el niño debe ser protegido legalmente por el Estado “desde el momento mismo de su concepción”. Cualquier otra especulación o interpretación, deviene absolutamente ideológica, es decir, ‘meramente subjetiva’. Exactamente al revés.

La Cámara 3ª en lo Civil y Comercial, en fundado fallo, hizo lugar al Amparo de la Asociación Portal de Belén; por lo que la resolución que analizamos, implícitamente trata de ignorantes a los que conformaban el tribunal inferior: Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera (estos últimos, jubilados). Éstos jueces decidieron atendiendo a los derechos del niño por nacer y no a los de la ‘madre propietaria’ de su cuerpo.

El Tribunal Superior (como siempre) se basó en cuestiones formales -y apela a un juego de palabras ‘difíciles’ pero sin contenido jurídico válido como fundamento-, evitando las que verdaderamente importan (y que esencialmente definen la cultura argentina), pues necesitan imponer una “ideología” que nunca se basa en la razón, en la lógica y en el sentido común. Es doblemente perverso e hipócrita.

Básicamente, el TSJ afirma en su fallo en la medida en que partía de que el aborto en la Argentina era y es un delito en toda circunstancia, la pretensión de Portal de Belén se dirigía más bien a cuestionar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa “F.A.L.” (2012) y, por efecto reflejo, a la Resolución nº 93/12.

Sin embargo, todo amparo se dirige contra actos de particulares o de la administración pública por sus efectos concretos. Si la Resolución 93/12 del Ministerio de Salud, permite efectivamente la ‘reforma’ del Código Penal –que sólo lo puede hacer el Congreso de la Nación-, no advertimos la lógica del rechazo del Tribunal Superior.

Pero además, si la resolución del Poder Ejecutivo se basa en una resolución nula de la Corte Suprema de Justicia, no vemos por qué debe aceptarse calladamente la imposición del asesinato indiscriminado de bebés, con la sola condición de una “declaración jurada” (sin prueba ni denuncia alguna) en la que una mujer (conforme a la ‘ideología de género’, ‘propietaria de su cuerpo’) decide sobre la vida de su hijo.

Esta postura condice plenamente con la autoritaria expresión de la ex integrante del Tribunal Superior (pero que todavía es empleada del Poder Judicial y excelente lobbista del feminismo extremo) María Ester Cafure de Batistelli, quien hace pocos días dijo “estamos obligadas a creer ese testimonio”, refiriéndose a la dudosa denuncia por violación de Thelma Fardin (Ver la nota http://www.losprincipios.org/politica/darthes-gate-la-prudencia-es-buena-consejera-pero-nadie-escucha.html y nuestra opinión al respecto). No puede ser de otra manera, pues todos responden claramente a la ideología de género -con una acción desbastadora en la sociedad cordobesa- que no admite leyes ni respeta la cultura, religión o ideosincracia de los que no piensan como ellos. Un juez debe atenerse a las pruebas y a las leyes justas.

La Corte Suprema de Justicia

La aplicación de la ‘guía de abortos’ (caso "F. A. L. s/ medida auto satisfactiva"), fue utilizado como excusa para la legalización del asesinato indiscriminado de los niños por nacer, en casi todas las provincias de la Nación; excusa, por cuanto los fallos de la Corte Suprema, sólo son obligatorios para el caso particular; por lo que salta a la vista que todos los ciudadanos de bien, no estamos obligados a acatarlo y podemos ‘reeditarlo’ todas las veces que haga falta. Esto, el Tribunal Superior de Justicia, lo sabe perfectamente. Porque todos los argentinos NO TENEMOS que hacer lo que “dice el Juez”, sino cumplir con lo que establecen las leyes justas, escritas y vigentes, dictadas por el Congreso (ámbito nacional), la Legislatura (ámbito provincial) y los concejos deliberantes (en el ámbito municipal). Esto se llama “principio de legalidad” (art. 19 de la Constitución Nacional y 18 de la Constitución Provincial).

Ni la Corte Suprema ni el Tribunal Superior, ni el Poder Ejecutivo o Legislativo, puede actuar en contra de lo que dice el Código Penal: El aborto es PUNIBLE en todos los casos, salvo 1º. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.” Y sólo en estos casos.

Todavía sigue vigente en la Argentina el llamado “principio de legalidad” contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional,

Por eso, el fallo de la Corte adolece de una serie de vicios y contradicciones que lo tornan nulo de nulidad insalvable, tanto desde el punto de vista jurídico como de fuente de Derecho, sólo con el fin de lograr la impunidad de este el tenebroso delito de aborto. Pero las logias masónicas que se han apoderado de la República Argentina y especialmente de Córdoba, con su nefasta influencia en contra de la vida, tienen sus representantes más conspicuos y poderosos en la jerarquía de todos los poderes del estado; pues de eso se trata la acción descristianizadora y de imposición de ‘los nuevos paradigmas’ por los que vienen bregando satánicamente desde 1717. En cumplimiento de estos ‘mandamientos’ materialistas y para obtener más créditos usurarios de los organismos de crédito mundiales (que son siempre privados), es que el Tribunal Superior rechazó el Amparo del Portal de Belén.

Para no cansar al lector (nos ponemos a disposición para brindar mayores argumentos), sólo resumiremos algunos de los vicios, contradicciones y errores lógicos y legales que hemos advertido en la resolución de la Corte, que la torna absolutamente arbitraria e ilegal toda ‘guía del aborto’ o ‘Protocolo de aborto” dictado en cualquier punto de la Patria (basado en nuestro trabajo publicado en el sitio web especializado “Microjuris” el 12.04.2012 e identificada como MJ-DOC-5758-AR | MJD5758, bajo el título “La autorización del aborto por la Corte: una sentencia manifiestamente arbitraria”):

En primer lugar, se advierten las siguientes contradicciones:

CONTRADICCIÓN CON LA DOCTRINA DE LA CUESTIÓN ABSTRACTA (ya no había ‘caso judicial’, ni tenía competencia la Corte Suprema según el entonces Procurador General de la Nación).

CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO NET PROCEDAT IUDEX EX OFFICIO (En penal, no puede actuar la corte, si no hay interés del Fiscal o Procurador de la Nación)

CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD (Sólo es obligatoria la LEY escrita y vigente dictada por el Congreso de la Nación. En penal, rige siempre una ‘interpretación restrictiva’: si establece sólo dos casos de impunibilidad, no se pueden ampliar a otros que es lo que hizo la Corte y ahora el Tribunal Superior)

CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DE LEY PREVIA (es decir, sólo puede estar previsto en el Código Penal y no en un fallo de los jueces)

CONTRADICCIÓN CON LA TIPICIDAD (si hay aborto, no importa una ‘declaración jurada’ sino que se ha cometido un delito tipificado por el Código Penal)

CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (Y DE LOS TRATADOS); es decir, si la Constitución y los Tratados Internacionales establecen que el NIÑO debe ser protegido por el estado –nacional, provincial o municipal- no tiene ningún valor los ‘sentimientos’ o ‘voluntad’ de la madre.

Además:

1.- En cuanto al objeto o tema de decisión: Omitió considerar y resolver cuestiones oportunamente propuestas; en especial lo que se refiere a los derechos humanos del niño por nacer.

2.- Resolvió cuestiones no planteadas (la «declaración jurada» de la mujer).

3.- En cuanto a los fundamentos de la decisión:

a.- Los jueces de la Corte se arrogaron el papel de legislador y no se sintieron limitados por el orden jurídico (básicamente todo el fallo. Específicamente, legislan diciendo que el aborto «no es punible» para ningún casos de violación. Dictan como ley que hace solo falta una «declaración jurada» para que la muerte de una persona por nacer no sea punible; admiten el privilegio indebido que la mujer o su representante legal no deben acreditar que la misma haya sido efectivamente violada ni sea «idiota o demente», etc. etc.).

b.- Como fundamento, la Corte aplica pautas de excesiva amplitud en materia penal, en sustitución de normas directamente aplicables. Dicen: «corresponde realizar una interpretación amplia de dicho precepto legal»;

«lo cierto es que en ninguna oportunidad quedó plasmada una voluntad que pretendiera ni definir la cuestión relativa al aborto ni limitar el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal al supuesto de la víctima violada idiota o demente»;

«de la previsión contemplada en el artículo 3 de la Convención Americana, en cuanto estipula el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, tampoco se puede derivar base alguna para sustentar la tesis postulada por la parte» o «Que tampoco el agravio incoado por el recurrente puede encontrar sustento en las disposiciones de los artículos 3º y 6º de la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagran, respectivamente, el derecho a la vida y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica»;

«Que la tesis del recurrente tampoco encuentra cabida en el deber que emana del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»;

«Que con relación a las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, tampoco es posible sostener que la interpretación del artículo 86, inciso 2, del Código Penal adoptada por el a quo colisione con estas» o «el artículo 2 de la Ley 23.849, en cuanto estipula que el artículo 1 de la Convención ‘debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción’, no constituye una reserva que, en los términos del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional»;

«se considera necesario remarcar que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos de hermenéutica establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que obligan a interpretar dicha norma con el alcance amplio que de esta efectuara el a quo»;

«que en este caso poseen, además, una aplicación específica respecto de toda mujer víctima de violencia sexual, conducen a adoptar la interpretación amplia de esta norma»; y así sucesivamente.

c.- Hace afirmaciones dogmáticas que solo constituyen fundamento aparente y resultan evidentemente auto contradictorias (en sí mismas y con relación a precedentes de la propia Corte).

d.- Pretende dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.

En beneficio de una mejor comprensión, no podemos extendernos mucho más. Pero no podemos callarnos acerca de la aberración jurídica del Tribunal Superior de Justicia que, obedeciendo militarmente el interés por imponer una ideología de género anticristiana y antipatria, se presta al juego perverso de lo que se conoce como “agenda Soros” que busca nada más y nada menos, que la despoblación de la Argentina y del mundo, en un atentado directo sobre la obra creadora de Dios (“creced y multiplicaos”). ¿Hasta cuando, Señor?

Autor: Dr. Luis F. Ferreyra Viramonte - Director

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