El portal de noticias alemán en español, el Deutsche Welle, advierte que América Hispana está en alerta amarilla por el aumento de los casos de suicidios. Por el contrario, en el resto del planeta va disminuyendo.

 

El 23 de febrero de este año, un informe de Naciones Unidas señala que la mortalidad por suicidio, al inicio de la pandemia, se registraron más de 97.000 casos en las Américas, especificando que el 79% son hombres. Aunque viene registrándose un incremento entre las mujeres. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2022 hubo un incremento del 25% con respecto al año anterior, 2021. 

 

Los entendidos en estas cuestiones señalan que, la conducta suicida obedece a factores de riesgo multicausales que llevan a este escenario, como la pobreza, la diferencia educativa, alcoholismo, la drogodependencia, razones de salud mental, etc.

 

En la página oficial de Datosmacro, una agencia que tiene como objetivo ofrecer las principales variables económicas y sociodemográficas del planeta, nos señala que la ONU, a través de la OMS, aconseja a los gobiernos que los suicidios se pueden prevenir llevando a cabo medidas que incluyan la restricción de información al acceso de formas y modos de quitarse la vida, recomienda, además, llevar adelante políticas orientadas a reducir el consumo de alcohol y atención y tratamiento de personas con problemas de salud mental, enfermos crónicos y aquellas que abusan de sustancias, etc. 

 

Estos organismos internacionales no están comprendiendo de qué se trata, o no hay interés por dar soluciones a la problemática. El problema, por lo menos en Argentina, es político y por lo tanto requiere decisiones políticas.

 

Los gobiernos deben modificar el escenario social en que se potencian las causas que determinan estas conductas. Para ello se necesitan de políticas públicas, es decir, que nuestros Diputados, Senadores, Gobernadores, Concejales, Intendentes…trabajen con responsabilidad y seriedad. 

 

Ahora, ¿qué pasa en la realidad argentina? 

 

Según informes del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, durante el período 2010-2020 se produjeron alrededor de 35.000 muertes por suicidios, que implica 3.500 vidas que se nos van por año, casi 10 por día. Un caso cada 2 hs y media.

 

 

A este panorama debemos sumarle que, cada 36 hs. fallece un argentino por consumo de estupefacientes, donde el 30% son mujeres. Se cometen unos 300 crímenes de género por año. Por accidente de tránsito, el promedio anual entre 2010-2020, es de 7.700 muertes, con una media mensual de 638 y una diaria de 21 personas. Según la plataforma “Luchemos por la Vida”. 

 

 

El 62,5% de los niños están subalimentados y 4.238 mueren antes de cumplir su primer año. En los últimos años vienen disminuyendo los nacimientos. En 2015 fue de 750 mil y ahora estamos hablando de apenas 500 mil bebés nacidos. Para una argentina con la extensión territorial y escasa población es una tragedia, si tenemos en cuenta que el promedio anual de defunciones es de 350 mil personas.

 

Por último, casi 50 mil argentinos mueren por año por la mala calidad de vida que sobrellevan, esto deriva en insuficiencia cardíaca, enfermedades hipertensivas o no diagnosticadas a tiempo. 

 

¿Qué queremos significar con estos datos?

 

Para graficar, estamos perdiendo anualmente una ciudad de las características demográficas de Azul, Luján, Chivilcoy, Pilar, San Fernando. Y la provincia de Buenos Ayres, como la Argentina, necesita crecer y no perder.

 

De lo propuesto, desde 1983, parece que nada ha funcionado. Los datos e índices así nos lo demuestran. Cuando se conocen, al ser publicados por la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación, se produce un gran escándalo, pero nunca se solucionan, porque no se los enfrenta. Con ello no queremos decir que, la dirigencia política ha fracasado, sino que los datos matan relatos.

 

Entonces, ¿qué hacer?

 

Es un hecho incontrastable que los casos mencionados ocurren en nuestros municipios, en nuestros propios barrios, por lo tanto, es un problema de nuestra comunidad, ni nacional ni provincial. Son temas que debe resolver el Municipio, estando en la primera línea de trinchera, son las autoridades políticas municipales, el intendente y los concejales, quienes deben tomar medidas sobre estas cuestiones. Para ello tendrán que contar con las herramientas necesarias, no solo con el presupuesto indicado, sino, institucionales: plena autonomía municipal y Cartas Orgánicas que establezcan las atribuciones y competencias del municipio y el vecino. Donde la coparticipación se invierta, que el 16% de lo recaudado por los municipios vaya al gobierno provincial, obviamente, es urgente una reforma tributaria. La policía, la educación, la salud deberán estar bajo el poder político comunal. Trabajando, incluso, de manera regional a través de una federación de municipios o regionalismo comunal.

 

Es desde el municipio que debe reconstruirse la familia, que es el ordenador natural del barrio. Y un barrio organizado, equilibra y armoniza al municipio; y, el conjunto de municipios ordenados y en crecimiento permitirá una comunidad bonaerense también organizada, convirtiéndola en la locomotora de empuje de la argentina toda. 

 

Ahora ¿quiénes tienen interés por resolver estas cuestiones?

 

Luis Gotte