El narconsumo y la necesaria autonomía municipal bonaerense
ALTERNATIVA Agencia Creativa Multimedios
¿A qué se debe este fracaso? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué podría hacerse mejor?
El narcoconsumo es un fenómeno global que afecta a la salud, la seguridad y el desarrollo de nuestras comunidades, generando consecuencias negativas tanto para la persona humana como para su familia, el barrio y el Municipio, puesto que, crea dependencia, un deterioro de la salud física y mental, enfermedades, violencia, delincuencia, corrupción política y judicial, exclusión social. Y estas problemáticas son diferentes en cada región, por lo tanto, requiere de políticas públicas particulares que, en la Provincia de los Bonaerenses, es de muy difícil desarrollo porque aún mantiene un régimen político centralista.
En los Municipios bonaerenses, principalmente los del Conurbano, el problema del narcoconsumo se ha agravado en los últimos años. El Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, ha denunciado que mueren por sobredosis una persona cada 36 hs., que faltan programas preventivos y que gran parte de la Ley 26.934, Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, sancionada en 2014, se encuentra sin reglamentar.
¿A qué se debe este fracaso? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué podría hacerse mejor? Son algunas de las preguntas sin respuestas. Creemos que, el problema no se puede comprender ni resolver sin abordar sus causas profundas.
El narcoconsumo es el acto de consumir sustancias ilícitas, sin prescripción médica ni control sanitario. Es un fenómeno complejo y multidimensional, es el motor que alimenta al narcotráfico. Sin demanda, no hay oferta. Sin consumidores, no hay productores ni traficantes. Sin mercado, no hay negocio. Por lo tanto, si queremos reducir o eliminar el narcotráfico, no es liberando el consumo, tenemos que reducir o eliminar el narcoconsumo.
El narcoconsumo no es un fenómeno homogéneo ni estático, sino que varía según los contextos sociales, culturales y regionales. Por eso, se requiere de políticas públicas integrales y diferenciadas que aborden las causas y las consecuencias del consumo de drogas desde una perspectiva donde el rol de los municipios sea fundamental, ya que son los actores más cercanos a la realidad de los consumidores y los barrios y las Delegaciones municipales afectadas.
Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses enfrentan limitaciones legales e institucionales para ejercer su autonomía en materia de prevención, asistencia y tratamiento del narcoconsumo. En particular, se encuentran sometidos a un régimen jurídico restrictivo que les impide dictar sus propias normas y diseñar sus propias políticas públicas en esta materia. Por eso, se plantea la necesidad de reformar la Constitución provincial y derogar el decreto militar de 1958 N° 6768, conocido como la Orgánica de las Municipalidades, para garantizar la autonomía municipal en el marco del federalismo argentino.
La autonomía municipal es un principio constitucional que reconoce a los municipios como entes públicos con capacidad para gobernarse a sí mismos, dentro de los límites establecidos por las constituciones nacional y provincial. La Constitución Nacional, reformada en 1994, consagró expresamente la autonomía plena en su artículo 123.
Los gobernadores porteños de la Provincia de los Bonaerenses no han reconocido este derecho a sus municipios, como tampoco han promulgado una Ley-marco que permita a las Delegaciones municipales ser reconocidas como nuevos Municipios. Hay casos en que la ciudad cabecera no puede hacer frente a las demandas de sus Delegaciones que tienen más habitantes que la propia capital, como el Municipio de La Matanza.
De este modo, se observa que los municipios se encuentran sometidos a un régimen jurídico restrictivo que les impide ejercer plenamente su autonomía en materia, por ejemplo, de narcoconsumo. No pueden dictar ni diseñar sus propias políticas públicas en estos temas, sino que deben ajustarse a lo establecido por las disposiciones nacionales y provinciales, generalmente en cumplimento de requerimientos o recomendaciones de organismos internacionales. Además, los municipios dependen económicamente de los recursos que les transfieren la Nación y la Provincia, lo que limita su capacidad para financiar sus propias acciones en materia de prevención, asistencia y tratamiento del narcoconsumo.
Por lo tanto, se plantea la necesidad de reformar la Constitución y el Dto.-Ley de Municipalidades para garantizar la autonomía y las Cartas Orgánicas, así como regular el poder de policía local en materia de narcoconsumo, respetando los principios de unidad, equilibrio regional y desarrollo integral establecidos por la Constitución Provincial y leyes establecidas. Es más, se posibilitará, en un marco regionalista, tratar estas problemáticas en conjunto con los municipios vecinos.
La respuesta no es sencilla ni única. Se requiere de un abordaje integral y multidisciplinario que involucre a todos los actores sociales e institucionales intermedias. Se necesita de una visión amplia y profunda que reconozca la complejidad y diversidad del problema. Se precisa de una estrategia equilibrada y flexible que combine distintas medidas, siendo las más importantes las preventivas y educativas.
Entre las medidas preventivas se encuentran las acciones dirigidas a evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas entre los grupos más vulnerables o expuestos al riesgo. Estas acciones incluyen campañas de información y sensibilización sobre los efectos nocivos del narcoconsumo; programas de educación para la salud y la ciudadanía en las escuelas; actividades recreativas, deportivas, culturales, y artísticas que brinden alternativas saludables al ocio; apoyo familiar, escolar, y comunitario para fortalecer los vínculos afectivos y sociales; detección precoz e intervención breve ante situaciones problemáticas; regulación del acceso y la disponibilidad de las sustancias ilícitas; control del mercado ilegal; sanción social al narcoconsumo, que desincentive y deslegitime esta práctica.
En las medidas educativas se encuentran las acciones dirigidas a promover el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, que permitan a las personas afrontar los desafíos y oportunidades que se les presentan sin recurrir al consumo de drogas. Estas acciones incluyen la formación de valores, actitudes y comportamientos saludables; la educación emocional, social y moral; la prevención de conductas de riesgo; la promoción de la autoestima, la autonomía y la responsabilidad; la estimulación del pensamiento crítico, creativo y reflexivo; la orientación vocacional y profesional; y la capacitación para el trabajo. Es evidente que, las maestras y profesores deberán capacitarse en estas temáticas, serán ellos los que deberán detectar posibles situaciones de potenciales narcoconsumidores.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes ni efectivas si no se aplican de manera coherente, consistente, continua y coordinada, junto con las decisiones sanitarias, terapéuticas, legales, policiales y judiciales. Se requiere de una política pública integral, multidisciplinaria, equilibrada y flexible que aborde el problema desde sus causas hasta sus consecuencias, desde sus dimensiones individuales hasta sus dimensiones colectivas, desde sus aspectos sanitarios hasta sus aspectos legales, desde sus factores de riesgo hasta sus factores de protección, desde una perspectiva local hasta una perspectiva global. Y, para ello, se necesita de Municipios con iniciativas fuertes para detener este flagelo.
Por eso, se plantea la necesidad de reformar nuestra Constitución provincial para garantizar la autonomía municipal y dictar sus propias constituciones locales, así como regular el poder de policía local en materia de narcoconsumo. De este modo, se contribuiría a fortalecer el sistema democrático, a mejorar la calidad institucional y a promover el bienestar social del pueblo bonaerense.
Solo así podremos enfrentar este desafío con éxito y construir una comunidad organizada más sana, segura, justa y cargada de fe y esperanza.
