Expulsaron de la diócesis de Zárate-Campana al cura que gestionó la visita de diputados libertarios a represores
LN La visita de diputados de La Libertad Avanza a militares presos por delitos de lesa humanidad
El padre Javier Olivera Ravasi tenía permiso de residencia en esa sede eclesiástica, que puso fin a esa autorización; el obispado advirtió en un comunicado sobre expresiones y conductas “opuestas al testimonio cristiano”
Javier Olivera Ravasi, el cura de 47 años que gestionó la visita de seis diputados libertarios a represores presos en el penal de Ezeiza, fue expulsado de la diócesis de Zárate-Campana en medio de la polémica. Así lo comunicaron en la sede en la que el sacerdote tenía autorización para residir. Según se expresó, la medida se adoptó al expirar ese permiso y ante la reiteración de conductas “opuestas al testimonio cristiano”, pese a los llamados de atención que se le hicieron al sacerdote.
En la página oficial del obispado se publicó este jueves la nota que lleva fecha del miércoles. “El sacerdote Presbítero Javier Olivera Ravasi está incardinado en la diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, precisaron, tal como había adelantado LA NACION, al respecto del cura formado en el Instituto del Verbo Encarnado, intervenido hace años por el Vaticano por su carácter integrista.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, revelaron en el obispado.
Si bien el episodio se registró en momentos en que el receso por el verano impera en el Vaticano, fuentes eclesiásticas dejaron trascender que el papa Francisco está al tanto de los hechos acaecidos.
Hijo del militar Jorge Antonio Olivera, que cumple prisión domiciliaria y permaneció prófugo durante cuatro años, al fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, el padre Olivera Ravasi pertenece a la diócesis mendocina de San Rafael, a la que se incorporó luego de su formación en el Instituto del Verbo Encarnado. Hace unos años solicitó permiso para ausentarse la diócesis, cuyo plazo también quedó vencido, confiaron fuentes de la diócesis.
En medios eclesiásticos se interpretó la medida del obispo de Zárate-Campana, como una decisión destinada a “aislarlo”, dadas las repercusiones que tomaron sus posicionamientos públicos en las redes sociales.
Semanas después de la polémica visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, el papa Francisco emitió una señal que fue considerada “en las antípodas”, al recibir a la nieta de una víctima del marino detenido Alfredo Astiz, uno de los represores que recibieron a los legisladores.
En agosto de 2019 se le concedió autorización “por razones familiares” para residir en Zárate, donde llevó adelante la Fundación San Elías, una asociación civil dedicada a “predicar la verdad católica con honestidad evangélica”, a través de obras apostólicas y la formación de comunidades cristianas. Con el lema “Que no te la cuenten”, promueve una “cruzada de la contrarrevolución cultural y espiritual” y ha organizado reuniones con familiares de militares, policías y civiles presos por delitos de lesa humanidad.
“Dado que, en reiteradas ocasiones, se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, indica el comunicado del obispado.
En la sede eclesiástica bonaerense indicaron: “Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”.
Distintas fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que Olivera Ravasi habría alentado el acercamiento de los legisladores con los represores encarcelados, entre los que se contaban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión militar. A Olivera Ravasi no se lo ve en la foto tomada en el encuentro.
“Visitar a quien está preso es un mandato evangélico. Pero el objetivo de esta reunión no pareciera tener que ver con una acción pastoral, sino con cuestiones políticas”, señaló hace unos días una fuente del Episcopado a LA NACION, al transmitir el distanciamiento de la Iglesia con la probable participación del sacerdote en la organización de la visita de los diputados de La Libertad Avanza al Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31.
El martes pasado, durante la sesión en la Cámara de Diputados, no prosperó la moción para tratar una sanción al grupo de integrantes de La Libertad Avanza que se reunieron con los condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos estuvieron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. Los principales impulsores de una medida extrema, que podría llegar a la expulsión de la Cámara baja eran sus pares de la izquierda y de Unión por la Patria.
No obstante, el tema atravesó a la sesión en distintos momentos y generó polémica entre el bloque oficialista y los opositores.
