Los Principios

Fue una andanada de cartas y correos que recibieron desde el viernes pasado obispos, sacerdotes y dirigentes vinculados a la Iglesia. Un activo grupo de fieles católicos salió de manera organizada a defender a Javier Olivera Ravasi, el cura que fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana por organizar reuniones entre diputados libertarios y ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Y la Iglesia respondió con contundencia: “Un cristiano no puede visitar un penal para convalidar los delitos ni utilizar la visita a los presos para validar los mismos”.

Es un capítulo que se suma a la polémica en torno a la visita de los seis diputados de La Libertad Avanza a una decena de detenidos, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz, que cumplen condena en la cárcel federal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad. En ese encuentro, los represores le entregaron a los legisladores un proyecto para que se autorice la salida de prisión de todos aquellos ex militares que tuvieran más de 70 años, que vengan cumpliendo años con prisión preventiva o tengan problemas de salud graves.

En el encuentro del 11 de julio en la cárcel de Ezeiza tuvo una activa participación del cura Olivera Ravasi, que ya a principios de años se había reunido en su despacho con la diputada Alida Ferreyra. Mediante un grupo de WhatsApp fue compartiendo ideas y logró convencer a seis legisladores que fueron al centro de detención. Estuvieron allí Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo y la propia Ferreyra.

Apenas se conoció la reunión, el kirchnerismo, la izquierda y un sector del radicalismo salieron a repudiar el encuentro y a pedir la expulsión de los visitantes. La Libertad Avanza, el PRO, los partidos provinciales y un sector de la UCR impidieron que esa moción avance. Aunque en el oficialismo hubo un debate interno y críticas sotto voce a un hecho que salpicó al bloque y sumó una complicación a la de por sí difícil tarea de juntar mayorías.

Más allá de que la Cámara de Diputados no tomó ningún temperamento sobre este hecho, la propia Iglesia Católica dejó en claro de manera sutil primero, gestual después, y por último pública, que la actuación del cura Olivera Ravasi corre por su cuenta. El propio papa Francisco tuvo reuniones con víctimas de Astiz y defendió la posición a favor de la memoria, la verdad y la Justicia, mientras que la Conferencia Episcopal emitió un comunicado que cuestionó esas acciones.

Pero el hecho decisivo sobre la suerte del sacerdote ocurrió el jueves pasado, cuando la Diócesis de Zárate-Campana informó: “Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, (a Olivera Ravasi) se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.

Es que el sacerdote está incardinado en Zárate-Campana pero pertenecía a la Diócesis de San Rafael, Mendoza, donde tiene asiento el Instituto del Verbo Encarnado, donde estudió y tomó los hábitos. Hasta esta decisión, Olivera Ravasi tenía residencia en un barrio privado, donde impartía misas y otros sacramentos. La expulsión por la reunión generó un fuerte impacto hacia dentro de la comunidad que lo tiene como una referencia.

El sacerdote es hijo de Jorge Andrés Olivera -un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y desaparición de la modelo francesa Marie Anne Erize- fundó la orden de San Elías, tiene una actividad intensa en redes sociales, creó el sitio Que No te la Cuenten y promueve una “contra revolución cultural”, basado en la ortodoxia católica.

Después de que se conoció el comunicado que difundió el Obispado de Zárate-Campana, que está encabezado por Pedro María Laxague, los seguidores coordinaron una respuesta y enviaron cartas y correos criticando la decisión y exigiendo que se revierta.

La carta, con algunas variaciones, tuvo un contenido similar: “Como argentino católico manifiesto mi preocupación por la postura adoptada por la Conferencia Episcopal Argentina sobre la visita de diputados a presos políticos. Sé, y usted también debe saber, que nuestra historia ha sido manipulada y parcializada, y que no es condenable la libertad de conciencia de quienes desean manifestarse de modo caritativo con los que se vieron obligados a actuar contra la subversión que azotó nuestra patria. Por el contrario, es loable exponerse por su convicción, lo que llama al respeto y no a la condena. Considero importante que la Iglesia ilumine el camino sobre las acciones que conforman a un buen cristiano.

“La visita a los presos es una obra de misericordia corporal y creo que la Iglesia tiene un papel crucial en defender e incentivar estas acciones. Me preocupa particularmente la situación de aquellos diputados cuya condición se ve amenazada a raíz de este evento. Como miembro de la grey católica argentina pido considere ofrecer una aclaración adicional sobre la posición de la Iglesia en este asunto, reafirmando el valor de la misericordia y la importancia de respetar la libertad de conciencia de quienes actúan de acuerdo a sus convicciones. Asimismo solicito no tomar medida alguna contra el sacerdote Javier Pablo Olivera Ravasi ni contra cualquier otro ministro de la Iglesia que promueva el derecho y la obligación cristiana de visitar a los presos”.

Según pudo saber Infobae, desde la Conferencia Episcopal enviaron la siguiente respuesta: “Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales, según enseña el catecismo de la Iglesia Católica (2447). Los cristianos estamos llamados a practicarlas cotidianamente. Una de las obras de misericordia corporales es la de ‘visitar a los presos’, que se entiende como un acto de compasión y humanidad hacia quienes están privados de su libertad”.

“La pastoral carcelaria es un ministerio con un servicio específico de la Iglesia cuya misión se enfoca en acompañar, apoyar y evangelizar a las personas privadas de libertad, así como a sus familias y a los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios. Esta misión se basa en el mandato evangélico de Jesús, expresado en el Evangelio de Mateo (26,36), donde Él dice: ‘Estuve en la cárcel y me visitaste’. Esta acción pastoral refleja el compromiso de la Iglesia con la dignidad humana y la promoción de la justicia y la misericordia”. Pero en su párrafo central, la Iglesia fue contundente: “Esta obra de misericordia no justifica ni convalida nunca el delito cometido y que ha significado un daño a la sociedad. La misericordia y la Justicia no son excluyentes; pueden y deben coexistir en la práctica cristiana. Un cristiano no puede visitar un penal para convalidar los delitos ni utilizar la visita a los presos para validar los mismos”.

Se trató de una posición que se alineó con la postura que viene sosteniendo la Iglesia, con aval explícito del Papa, que distingue los delitos cometidos durante la última dictadura -que persisten, debido a que la desaparición forzada o el robo de bebés son delitos que no se extinguen- del acto cristiano de visitar a los presos, a quienes también se le deben respetar sus derechos humanos.

Una posición complicada, como quedó evidenciada en la declaración de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien habló del cura Olivera Ravasi y de la visita de los diputados libertarios a los represores en la cárcel de Ezeiza. “Yo no lo conocía (al sacerdote). Lo estoy conociendo ahora. Merece que la Iglesia católica le reclame y lo castigue como corresponde”, afirmó. Y sobre los represores consignó: “Merecen estar eternamente en la cárcel porque no son humanos”.

Fuente: INFOBAE / Facundo Chaves