Los Principios

Faltaban minutos para la medianoche del viernes pasado y el avión de Air France estaba a punto de salir para París cuando llegó la orden judicial. Ni la beba de 15 días ni ninguna de las tres personas que planeaban viajar con ella y estaban por embarcar podían tomar ese vuelo. La justicia federal había abierto una causa penal y ordenado de urgencia una prohibición de salida del país para los cuatro.

Los alcanzados por la orden judicial fueron, además de la beba, una pareja de dos hombres italianos y una mujer que, en acuerdo con ellos, había gestado y dado a luz a la niña que, según el plan trazado, sería criada por los dos hombres, sus padres, en Italia. Pero en los papeles ella es hija de la mujer que la tuvo –que no tiene ninguna vocación de ser su madre– y de uno de los dos hombres, un médico oncólogo de Padua. Se trata de un caso de gestación por sustitución o subrogación de vientre.

La Justicia tiene elementos para sostener que la mujer lo hizo porque necesitaba el dinero y no, como declararon en los papeles, con un fin meramente altruista y sin contraprestación alguna, informaron fuentes judiciales. La mujer, de 28 años, tiene una muy mala situación económica, no tiene trabajo, no terminó el colegio y cría sola a una hija menor. “Está en una situación de extrema vulnerabilidad”, relató un funcionario que conoce el caso.

La justicia argentina investiga otros hechos de subrogación por sustitución que esconderían casos de trata de personas, pero este es el primero en el que frenaron a una pareja antes de que se llevara a un niño al extranjero, advirtieron en los tribunales.

Las alarmas sonaron en Migraciones el miércoles pasado, cuando una chica se presentó en Aeroparque con un italiano diciendo que quería autorizarlo para que viajara solo con la beba de ambos. Las autoridades de Migraciones advirtieron –según relataron fuentes del caso– que la madre se mostraba muy distante de la recién nacida y que había una notable disparidad con el hombre que se presentaba como su pareja.

Se fueron sin completar el trámite, pero el jueves, un día después, intentaron lo mismo en Ezeiza. Ya habían perdido un vuelo que habían sacado para el miércoles y tenían otro para ese jueves. Los papeles estaban en regla porque los dos figuraban como los padres de la menor, pero ella tenía domicilio en un asentamiento de Rosario y él, que vivía en Italia, tenía registrado un solo viaje previo a la Argentina, en agosto de 2023. Eso descartaba la posibilidad de una concepción natural de esa pareja, sin tratamiento. Migraciones se comunicó con el juzgado federal número 1 de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el aeropuerto, y radicó una denuncia. El juez Federico Villena envió el caso al fiscal Sergio Mola, que requirió para que se iniciara una investigación penal por tres posibles delitos: trata de personas, venta de niños o apropiación de menores. De todos modos, nada le impedía en ese momento a los inscriptos como padres de la niña presentarse ante un escribano para autorizar la salida del hombre con la menor.

El camino que eligieron, en viernes, fue otro: volar los cuatro, la mujer incluida, a Europa. Según relataron fuentes judiciales, habían sacado un vuelo para el mediodía por Air Europa, pero finalmente decidieron embarcar más tarde el avión de Air France que sale los viernes minutos antes de la medianoche.

A esa altura, Migraciones había emitido ya un alerta y cuando estaba por despegar el avión, el juez firmó además la prohibición de salida del país. Los frenaron entonces en el preembarque.

La causa penal es muy incipiente, pero un funcionario que trabaja en la investigación dijo a LA NACION que por el momento entienden que la presunta víctima en este caso sería la menor y que quienes deberán ser investigados son los “intermediarios”, los que contrataron a la mujer para que gestara a la beba de la pareja de italianos. Les cobraron a ellos, le pagaron a la joven (al parecer, cerca de una décima parte de lo que ellos desembolsaron), le hicieron los estudios y el tratamiento en Rosario, contrataron durante aproximadamente un año un servicio de medicina prepaga con Swiss Medical y le alquilaron a la mujer un departamento en Recoleta justo antes de la fecha de parto. La beba nació el 10 de octubre pasado en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.

La causa está en pleno trámite. El juez Villena está haciendo allanamientos y el viernes fueron secuestrados los teléfonos de la mujer y del hombre que figuran registrados como los padres de la niña. Los investigadores ya advirtieron datos que les llamaron la atención, como que la empresa que hizo las gestiones -que funcionaría en Rosario con una conexión en los Estados Unidos– se comunicaba con la chica a través de mensajes temporales y que pagaba casi todo en efectivo (incluso las cuotas de Swiss Medical). La entrega de seis millones de pesos se hizo, según las primeras pruebas de la causa, en el bar Rock & Feller’s de Rosario, adonde una mujer le llevó a la joven una valija con el dinero.

El sábado, después del operativo en el aeropuerto de Ezeiza que terminó de madrugada, el juzgado le dio intervención al programa de trata de personas del Ministerio de Justicia, que entrevistó a la mujer. Según relataron fuentes del caso, ella primero dijo que había conocido a la pareja de italianos en un bar de Rosario y que cuando le contaron que querían tener un hijo, los quiso ayudar, pero después admitió lo que, al parecer, es la verdad: que necesitaba el dinero, que la contactaron por un grupo de Facebook, le ofrecieron 10 millones de pesos, le hicieron varios análisis y le dijeron que estaba apta para la subrogación de vientre; le contrataron un plan de Swiss Medical y le hicieron firmar una serie de documentos que ella no terminó de entender. Contó que a los seis meses de embarazo le pagaron los seis millones, que quería destinar a construirse una habitación en la casa de su madre, pero que después advirtió que lo que cobró no le alcanzaba.

Dijo que le explicaron que luego de nacida la beba no tendría contacto con ella y que no se podía arrepentir porque la hija no iba a ser de ella. Relató que cuando tenía 18 años ya había “donado” óvulos y que otras chicas de su barrio también participaban de tratamientos como este a cambio de dinero.

Hoy, la beba está al cuidado de la pareja de italianos que alquiló un departamento en Buenos Aires, sobre la calle Ecuador (muy cerca de la clínica donde nació la niña). Los dos hombres hicieron este lunes una presentación en la causa en la que se comprometieron a no sacar a la menor del país, relató a LA NACION el abogado que los representa en el expediente, Arnaldo Germán Pereira Dos Santos. En el caso interviene un asesor de menores en representación de la niña.

“Es un tema [la subrogación de vientre] que no está legislado. Lo estamos estudiando. Es un caso muy difícil”, dijo un funcionario que trabaja en el caso, que relató que todavía no está claro en qué delito encuadraría el hecho ni quiénes son los responsables, aunque creen que se trata de quienes montaron el “negocio” y lucran con las necesidades de la gente, tanto de las mujeres gestantes como de quienes quieren ser padres.

En los últimos meses, se abrieron causas similares en distintos lugares del país. La más grande es la que lleva la fiscal Alejandra Mángano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y que está radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en los tribunales de Comdoro Py. En ese expediente se investigan más de 100 casos de presunta trata.

Además, en Córdoba, en julio pasado, citaron a indagatoria a nueve acusados de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que subrogaran sus vientres. La medida incluyó a los titulares de dos clínicas de fertilización asistida que ofrecían el servicio a quienes querían ser padres, a abogados que llevaban a cabo “el ocultamiento de la situación de las víctimas y el aspecto económico del acuerdo que se presentaba ante la Justicia” y a psicólogos que certificaron la aptitud de las mujeres captadas para estos procedimientos. El caso es por 14 hechos. Intervienen los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella, con el apoyo de Mángano. El juez es Alejandro Sánchez Freytes, que dictó la inhibición general de bienes de los imputados.

Los padres, según la ley

En materia civil, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la semana pasada un fallo en el que determinó que los niños nacidos de vientre subrogado son hijos de la mujer que dio a luz y de quien quiso convertirse en padre o madre y prestó “su consentimiento previo, informado y libre” para ello, “con independencia de quién haya aportado los gametos”. En este caso, de la mujer que tuvo a la beba y de uno de los dos italianos. Fue así como fue inscripta en el Registro Civil.

Un niño, recordó además la Corte, no puede por ley tener más de dos progenitores. La Corte sostuvo que el Código Civil y Comercial es claro y que no admite otra interpretación más que ésta, les guste o no a los jueces el resultado para los casos concretos. Admitió sin embargo que la gestación por sustitución -que no está prohibida- genera una situación complicada que no está específicamente regulada por la ley porque el Código solo trata, en general, la filiación para cualquier caso de tratamiento de fertilidad. Por eso, la Corte le comunicó su fallo al Congreso para que, si lo considera, legisle sobre la materia.

El tema de la subrogación de vientre es tratado de manera muy distinta en los diferentes países. Algunos la permiten y la regulan, como Ucrania e Israel y algunos estados de Estados Unidos como California, Florida y Nueva York. Otros la someten a restricciones o habilitan expresamente sólo la subrogación altruista (no la comercial), como Uruguay y Brasil. Y otros, en cambio, la prohíben de forma explícita -recordó la Corte en su fallo-, como Alemania, Suiza e Italia, que este mes dictó una nueva ley que considera a la maternidad subrogada como un “delito universal”, con penas de prisión. La nueva norma, que fue impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, castiga a las parejas italianas que para tener un hijo recurren a esta práctica, incluso a los que lo hacen en países en las que sí está permitida.

Autor: LA NACION - Paz Rodríguez Niell