CARTA ABIERTA: Nuestros pueblos están condenados a un presente y un futuro de destrucción y muerte
Brasilia (Agencia Fides) - “Los graves y, a menudo, irreversibles daños y violaciones de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza causados por el modelo de minería actual promovido, apoyado y alimentado por el enriquecimiento inmoral, inhumano y antinatural de las grandes corporaciones mineras y sus países de origen, significan una nueva fase, más agresiva, de la colonización y el saqueo” que como consecuencia hace que “nuestros pueblos estén condenados a un presente y un futuro destrucción y muerte”. Por tanto, “es urgente poner límites a este modelo del desarrollo extractivo como pide el Papa Francisco”.
Este es un extracto de la “Carta pública a nuestras Iglesias, organizaciones y sociedades”, que recoge los frutos de la reunión celebrada en Brasilia, del 7 al 10 de agosto, donde representantes de las organizaciones, movimientos y familias religiosas de varios países de América Latina y EE.UU., así como de Alemania, se reunieron en la luz de la encíclica Laudato Si sobre la ecología integral y a la luz de la carta pastoral, “Discípulos y misioneros, custodios de la Creación” del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). El objetivo del encuentro fue compartir los desafíos, luchas y esperanzas de las comunidades involucradas en el sector de la minería.
“Este encuentro, - recoge la carta abierta enviada a la Agencia Fides -, nos ha permitido renovar nuestra misión de ayudar a construir nuevas relaciones con la naturaleza, no como una productora de riqueza, sino como una hermana y madre nuestra, con una una vida propia y con derechos inalienables, que comparte y sostiene la vida de la Creación en busca de la Buena Vida y el Bienestar de todos los seres que son parte de esta casa común”.
Al daño causado por la extracción minera se suma la privatización de los ríos, la multiplicación de las empresas productoras de electricidad y la expansión de la actividad de extracción de gas natural. “Todos estos tipos de actividad minera, lejos de avanzar hacia una mayor responsabilidad en el cuidado del hogar y la vida común, aceleran su destrucción y condenan a millones de personas a sobrevivir en precarias condiciones, víctimas de enfermedades derivadas de la contaminación del agua, la tierra y el aire”.
Durante la reunión se presentaron los dolorosos testimonios de las víctimas de la minería y de los defensores de la madre tierra, y se habló de la responsabilidad de esta situación de la que no están exentos los gobiernos de América Latina: “en nuestro continente, por ejemplo, el 60% de los asesinatos afectan a defensores de derechos y líderes comunitarios”.
Llamados a dar, como Iglesias, motivos de fe y de esperanza de que “otro mundo es posible, donde prevalezca el respeto y el cuidado por la vida natural de la cual la humanidad es parte”, los participantes hicieron una serie de recomendaciones. En primer lugar reafirmaron su compromiso de “denunciar estas prácticas de muerte y buscar cambios estructurales” tanto para limitar la actividad extractiva y abusiva, como para poner fin a la “tolerancia cómplice de nuestros gobiernos”. También reafirmaron su voluntad de continuar “promoviendo la vida, apoyando los esfuerzos y las luchas de las comunidades involucradas en la minería y otros proyectos que afectan seriamente la vida y al futuro de la madre tierra y todos los seres humanos”.
A los líderes de las Iglesias se les pide “asumir un mayor compromiso con aquellos que sufren las consecuencias de este modelo económico de producción desenfrenada, de consumismo voraz y de odio sin límites hacia la naturaleza”. A los Estados se les pide “una mayor responsabilidad en la administración del bien común, una lucha decisiva contra la corrupción, activar y controlar estrictamente las reglas y leyes que garanticen los derechos humanos, individuales y comunitarios, los derechos de la naturaleza y el derecho fundamental de los pueblos a decidir sobre su propio desarrollo, garantizando procesos de consulta efectivos” y el respeto de las decisiones tomadas.
A los empresarios se les pide eliminar “las prácticas criminales de explotación, irresponsables y depredatorias de vidas, territorios y culturas”, como se reitera en la última parte, “ha llegado el momento en el que cada persona debe asumir la responsabilidad de construir otros modelos de producción para garantizar la vida de las generaciones futuras y respetar a la madre tierra, apoyando el consumo responsable y apostando por nuevas formas de entender el desarrollo integral”.
