NO HAY JUSTICIA SIN VERDAD
Palacio de Justicia de Córdoba
Los sistemas políticos corruptos, necesitan de jueces dependientes. Los ciudadanos comunes, necesitamos de jueces decentes que crean en la Verdad y la Justicia. A los corruptos, que vamos conociendo por sus obras, los vamos a echar.
Esta máxima ha tomado, en las últimas horas del año 2014 que se fue, una gravedad insospechada: La Cámara de Acusación de Córdoba decidió archivar la denuncia penal efectuada por el Senador Luis Juez en contra del Intendente Ramón Mestre, el vice-intendente Cossar y el entonces funcionario Ostanelli, ante la confesión pública del segundo, de haber recibido una dádiva de la Empresa Ersa, contratista del Estado Municipal en los servicios de basura y transporte urbano de pasajeros.
Los fundamentos de Carlos Alberto Zalazar (apoyado por la recientemente designada Patricia Alejandra Farías), resultan jurídicamente ridículos y no pasan de ser una manifestación más de un Poder Judicial que ha resignado toda su independencia, ante los poderes de turno.
A ello debe agregarse, como un calculado acto de cobardía institucional, que el fallo tomó estado público en las últimas horas hábiles antes del comienzo de la Feria Judicial (no nos consta, pero es posible que la resolución tenga fecha 28 de diciembre, ‘día de los inoncentes’).
Sería inútil, en primer lugar, hacer un análisis detallado de los equívocos jurídicos groseros en los que incurre el vocal Zalazar; pero con conocimiento de causa, podemos asegurar que los fundamentos dados resultan un elogio directo a la coima y la corrupción, amparándose en hechos que siempre han significado una inmoralidad pública, tratando de subvertir ideológicamente los valores morales que son (y seguirán siendo) inmutables.
La coima, es y seguirá siendo despreciable. La corrupción de jueces y políticos, es y seguirá siendo la causa primera de la degradación de nuestra Patria.
Aceptar en una resolución, como lo hace Zalazar, que es normal “los regalos que hacen abogados a los dependientes de juzgados e incluso a ‘funcionarios’ como parte de un reconocimiento a su buena predisposición”, significa lisa y llanamente alentar la ‘buena predisposición’ de un funcionario o empleado judicial para hacer lo que no es correcto a cambio de una dádiva.
Lamentablemente sabemos -por nuestra práctica judicial- que se ha tornado muy común, pero ello no significa que no sea corrupción judicial de la más baja estofa.
La recientemente designada camarista Patricia Alejandra Farías, no es muy conocida públicamente, pero en cuanto a Zalazar, no las tiene toda consigo. Baste leer las sospechas graves que pesan sobre él para formarse un deplorable concepto sobre su persona. No hace mucho, tuvo serios problemas que sus amigos políticos han sabido -a su vez- ‘archivar’, en un claro toma y daca secreto y espurio del que ya estamos muy cansados. Para ejemplo, basta un botón:
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/apartan-objetan-camaristas-acusacion
La verdad
Ya nos hemos acostumbrado a que los políticos remitan a la Justicia cualquier acusación en su contra… pero a la justicia ‘amiga’, que muy poco tiene que ver con el Poder Judicial como garantía de todos los ciudadanos. Hemos leído hasta el hartazgo la persecución política que desata en contra de aquellos magistrados que resuelven en contra del interés de algún poderoso.
En Córdoba, no crea el lector algo distinto, pasa exactamente lo mismo. Y quizás algo peor, pues la corrupción se encuentra recubierta con un manto hipócrita de silencio y complicidad de los medios de comunicación mayoritarios, que acomodan las noticias a su propia conveniencia.
Lo de Mestre, Cossar y Ostanelli, es DELITO y es causal concreta de Revocatoria de los dos primeros. Esa es la Verdad.
Salvo alguna honrosa excepción (ver: http://www.cba24n.com.ar/content/escandalo-ersa-insisten-con-revocatoria-de-mestre-y-cossar), los medios de comunicación no informaron correctamente: Ambas cuestiones, el delito y la Revocatoria, si bien tienen el mismo hecho como origen común, tienen dos consecuencias distintas. Y ambas fueron neutralizadas convenientemente.
Si bien la Revocatoria -que en definitiva es una cuestión política- pudo ser desactivada en gran parte por la inacción de los ciudadanos y la complicidad silenciosa o encubrimiento de la llamada ‘oposición’, no es posible admitir calladamente que los fiscales y jueces provinciales (y el federal Nº 1), ingresen de lleno en la maquinación política de un sistema pervertido, pues ellos tienen la inmensa y augusta tarea de proteger a los vecinos de la provincia, de una corrupción que -como una enfermedad maldita- ya está haciendo metástasis y amenaza con aniquilar a toda la sociedad.
Nunca será disculpable la traición de la Cámara de Acusación a los vecinos de Córdoba. Pero debemos aclarar que la denuncia PUEDE HACERSE DE NUEVO, pues el archivo de la primera, no implica la imposibilidad de insistir en una nueva investigación. Además, es posible una nueva Revocatoria.
