Los Principios

El atropello que sufren los “retornados” es el vivo ejemplo de que la crisis humanitaria en Venezuela no solo es social, política y económica; también es moral y hasta religiosa.

Con una indolencia que parece haberse activado con la llegada del COVID-19, parece que también se ha motivado el desprecio entre los mismos connacionales. Pero esto no llega solo. Es una antipatía que ha sido alentada desde el mismo el gobierno de Nicolás Maduro, al catalogar de manera incorrecta a los venezolanos que han querido regresar a su país para compartir en familia, a pesar de la pandemia y de las carencias del día a día.

Además del fracaso de no haber encontrado solución a sus necesidades como empleo, techo, comida y salud en otros países latinoamericanos también afectados por el coronavirus, los que ahora regresan a Venezuela, cargan sobre sí el señalamiento de estar “contagiados”. Muchos de ellos vuelven obligados, pero también son víctimas colaterales y directas de la pandemia que ha cobrado la vida de más de 600 mil personas en el mundo.

Si bien en Venezuela, las cifras del Covid-19 no dejan de ser preocupantes con más de 11 mil contagios y 107 fallecido hasta este este viernes 17 de julio, la consideración de “bioterroristas”, “armas biológicas” y otros calificativos, con todo lo que tales términos significan, también ha desatado las más variadas situaciones de injusticia contra ellos.

Vale recordar que las primeras expresiones para descalificar los posibles contagios de migrantes venezolanos ocurrieron el 24 de mayo de este año, cuando Maduro acusaba a la vecina Colombia de promover la “infección intencional” de personas que regresan a Venezuela. Entre sus allegados, las réplicas de estas palabras no se dejaron esperar, generando incontables y duras experiencias entre quienes decidieron volver a su tierra.

Keilyn Urbina: “Esto parece un secuestro”

“Pareciera que nos están castigando por habernos ido, por haber traicionado a la patria. Yo migré por salud, para buscar tratamiento para el cáncer”, dice Keilyn Urbina, una de las mujeres retornadas y que cumplió más de dos meses de aislamiento junto a sus hijas de 5, 16 y 17 años y otras cien personas,  en la escuela “Vara de María”, en el municipio Páez (Apure), dice en un sonido difundido por Crónica Uno.

Keilyn salió en la última oleada de migrantes a principios de enero del 2020. Era imposible para ella encontrar tratamiento para el cáncer de mama en Venezuela. Su hija de 17 también corría serios peligros porque vive con un solo pulmón. No era fácil sostenerse así y decidió salir del estado Zulia para buscar una mejor vida en Colombia.

La COVID-19, apenas le permitió estar allí unos pocos días. Para regresar tomaron un bus en Bogotá hasta el paso humanitario de migración Arauca. Debían recorrer, además, parte de la frontera fluvial de 2219 kilómetros que separa a Colombia y Venezuela. Salió el 6 de junio a las 3 de la tarde y entró el día 7 a las 4 de la tarde, para llegar a dormir en viejas colchonetas en uno de los salones de la escuela, junto a 28 personas desconocidas.

“Ese día la pasamos muy mal”, explica la mujer, describiendo primero que Migración Colombia las mantuvo a pleno sol durante cuatro horas en el cruce fronterizo. Luego, en territorio venezolano, la Guardia Nacional Bolivariana las atropelló en todo momento.

“Cuando migración venezolana tomó nuestros datos, pensé que pasaríamos en aislamiento ocho o quince días. Ya vamos para el segundo mes”, dice en el sonido divulgado el 17 de junio, en plena “cuarentena radical” impuesta por Maduro.

Junto al grupo de “retornados”, Keilyn y sus hijas experimentaron las más duras condiciones porque no había baños aptos y la comida no era balanceada. Pero “lo más injusto era que nos decían que estábamos contaminados”, indicó. “Esto parece un secuestro” y “un castigo por habernos ido”, se escucha a través del sonido.

A Keilyn y sus hijas les han hecho cinco pruebas, tres de sangre y dos PCR. Los resultados han sido negativos, de acuerdo a lo que informa. Sin embargo, siguen alimentando las cifras que diariamente ofrecen desde el gobierno venezolano.

“No esperaba esto en mi propia tierra”

Los testimonios de trato cruel y sus ejecutores oficiales se multiplican. Lisandro Cabello, secretario de la Gobernación del estado Zulia, utilizó el término “arma biológica” para referirse a los que regresan. “Toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese en el país será considerada arma biológica y encarcelada”, dijo en un medio local.

Esta consideración le pegó duro a Linda García, una migrante de 27 años, quien se encontraba en el centro de acogida en San Cristóbal, estado Táchira, reportó ABC.

“No me esperaba encontrar este infierno aquí en mi propia tierra y mucho menos ser humillada como portadora de un arma biológica llamada coronavirus”, escribió la mujer desde el celular, informando que en el centro estaba junto a unos 600 retornados. Linda denunció que recibió para alimentarse una “comida podrida con gusanos”.

Desde los “trocheros” a los “bioterroristas”

Más recientemente, desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), denigraron a los que ingresan desde Colombia por las trochas. Desde Twitter llamaron a denunciarlos y dar sus direcciones. “Un trochero o trochera infectado es un bioterrorista (…) que puede acabar con tu vida y la de tu familia (…) denúncialo sin que nadie se entere que fuiste tú. Envía un correo con el nombre de la persona, descríbelo como es y la dirección exacta”, expresó el CEOFANB.

Sin embargo, la expresión más acabada de estos duros señalamientos contra los venezolanos que quieren regresar en medio de la pandemia, procedió del padre Numa Molina, un jesuita identificado con el gobierno de Maduro, quien el 15 de julio los llamó “bioterroristas”, desatando un torrente de comentarios muy duros en su contra.

“Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados, bienvenidos a su patria, pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los venezolan@s”, fue su mensaje en Twitter.

Al día siguiente, su propia congregación, a través del padre Rafael Garrido, provincial de los Jesuitas en Venezuela,  expresó:

“La Compañía de Jesús rechaza los términos peyorativos utilizados por un religioso de esta Congregación, con los que se ha referido a los migrantes en situación de retorno al país, pues ofenden la dignidad humana de los hermanos venezolanos que regresan al país en condición irregular debido a los controles desmedidos impuestos por el Ejecutivo Nacional, incluso antes de la pandemia del COVID-19”.

Además, el provincial ratificó ante la opinión pública el compromiso, solidaridad y cercanía con las personas que buscan retornar al país. De hecho, los jesuitas mantienen un eficiente servicio a los refugiados que le hace honor a santos de esta congregación que fueron grandes misioneros.

“Confirmamos nuestro compromiso en la atención a los migrantes, desplazados, refugiados, víctimas de las guerras y del tráfico de personas; la defensa de la cultura y existencia digna de los pueblos originarios”, indicó Garrido.

Fuente: ALETEIA