Denunciaron penalmente a Alberto Fernández por abuso de autoridad
La denuncia fue realizada por el diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro de Lamadrid, quien pertenece a la Unión Cívica Radical.
El presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente "por abuso de autoridad y violar los artículos 14,19,23, y 28 de la Constitución Nacional al dictar el Decreto número 641 que viola la prohibición de legislar en materia penal y de arrogarse el ejercicio de las funciones judiciales".
La denuncia fue realizada por el diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro de Lamadrid, quien pertenece a la Unión Cívica Radical.
Según consta en la denuncia, de Lamadrid acusa al presidente de "violar los derechos y garantías previstos por los artículos 14, 19, 23, y 28, así como las prohibiciones que le imponen los artículos 99 inciso 3° y 109, todos de la Constitución Nacional, con la excusa de la pandemia desatada por el Covid 19, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 641, por el cual prohíbe a los ciudadanos el ejercicio de derechos especialmente resguardados por la norma fundamental".
En concreto, la denuncia es por la prohibición de los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todo los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.
Nuestra Opinión
Aún cuando sabemos que este diputado ha denunciado por una cuestión política, lo cierto es que realmente existe un claro abuso de autoridad por parte del presidente Fernández. Y lo digo como ex funcionario judicial con 31 años de antigüedad.
Pero además, resulta partícipe necesario de Privación Ilegítima de la libertad y exacciones ilegales. Todos los fiscales que forman causa contra ciudadanos por 'violación de cuarentena', también abusan de su función y desconocen supinamente el derecho (causal de remosión), por la sencilla razón que la 'pandemia' no ha sido declarada en la República Argentina y la OMS no tiene poder para imponer normas o declaraciones en el orden interno; ni las autoridades argentinas -todas sometidas a la agenda mundialista- pueden ni deben acatar e imponernos órdenes que vienen de organizaciones probadamente corruptas.
