Tribunal Constitucional español rechaza revisar la condena a Baltasar Garzón
MADRID — El Tribunal Constitucional español mantuvo la condena a 11 años de inhabilitación que puso fin a la carrera como magistrado de Baltasar Garzón, al rechazar un recurso de amparo presentado por el exjuez que ahora llevará su caso ante la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Garzón, de 57 años, célebre por la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, había presentado el 9 de mayo un recurso de amparo ante el Constitucional de su país considerando que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados.
Sin embargo, esta corte vio una "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo" y acordó no admitir a trámite el caso de Garzón, según una decisión del 29 de octubre divulgada este miércoles.
De haber estimado el amparo, el Constitucional podía haber anulado la sentencia de inhabilitación profesional devolviendo a Garzón sus derechos como juez, habían explicado sus abogados.
El 9 de febrero, el Tribunal Supremo español condenó al entonces magistrado a 11 años de prohibición de ejercer por haber ordenado escuchas entre presos y sus abogados, en violación del derecho a la defensa, en una investigación sobre presunta corrupción que en 2009 implicó a altos cargos de la derecha española.
La sentencia, que hundió la carrera de Garzón -conocido por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el mundo- dividió a la opinión pública española y desató protestas dentro y fuera del país.
Pero el exmagistrado, que actualmente coordina la defensa del fundador de WikiLeaks Julian Assange, no se dará por vencido tras el rechazo de la corte constitucional, último recurso que tenía a su disposición en España, anunciaron sus representantes.
Garzón seguirá defendiendo su caso con "el único recurso que le queda: demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" de Estrasburgo, anunció su defensa, reiterando que "la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente inconstitucional" dado que condenó al exjuez "por un delito que no existe en las leyes españolas".
"La cuestión de las interceptaciones de las comunicaciones (...) cuando son autorizadas por autoridad competente, como era el caso, está pendiente de una ley que las regule" en España, argumenta la defensa.
Garzón "sigue sosteniendo que el Tribunal Supremo le ha condenado por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados" y que éste construyó "a la medida" el delito por el que le condenó, abriendo una puerta a juzgar a todo magistrado "por cualquier discrepancia jurídica (...) acabando así con la independencia judicial", afirmó en un comunicado.
Figura muy mediática cuyos métodos judiciales suscitaron a menudos duras críticas, Garzón consideró además que el Tribunal Constitucional "no se ha atrevido a afrontar" la decisión del Tribunal Supremo, prefiriendo "eliminar el problema de raíz".
El exjuez, víctima según sus partidarios de una persecución de sectores conservadores, había sido juzgado a principios de año en otro caso muy polémico, por haber investigado las víctimas del franquismo en un país donde aún siguen abiertas las heridas de la dictadura.
Juzgado a iniciativa de dos organizaciones de extrema derecha por haber infringido en 2008 una ley de amnistía de 1977, al abrir una investigación sobre la suerte de más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y el franquismo (1939-75), Garzón había sido absuelto de este caso a finales de febrero.
Imputado en un tercer asunto, por presunta corrupción pasiva, Garzón logró escapar a esta acusación, archivada el 13 de febrero por "prescripción de los hechos"
Nuestra Opinión
Es curioso como, cuando se trata de ideologías, los que otrora cercenaron todo derecho humano básico, se razgan las vestiduras cuando les toca a ellos.
La clave está en aplicar siempre las leyes justas. La Justicia no se imparte para los medios de propaganda, ni puede servir a intereses personales de los jueces. Debe servir, siempre, al bienestar general.
En nuestro país, mal que nos pese, ocurre peor que esto. La CORRUPCIÓN judicial llega a extremos de torturar psicológicamente a los detenidos por delitos de 'lesa humanidad', viejos, enfermos y que no son tales, denegando permanentemente todo derecho constitucional y humano a esos detenidos.
La venganza política actual, dará lugar a otras injusticias peores, cuando el 'modelo' caiga. Y va a caer, por más mentiras y falacias, por que provienen, justamente, de mentiras y falacias, tanto como las que impuso el Proceso de Reorganización Nacional a partir de 1976.
Es una guerra solapada que no es del pueblo. Se gesta muy lejos de nosotros y la pelean los traidores nacionales.
