LAVA JATO cordobés: crece el escándalo por las coimas en la gestión de Cambiemos
Intendente Mestre y Cambiemos
La fiscalía Anticorrupción de la justicia de Córdoba, requirió a la comuna el expediente de la obra de avenida Cruz Roja, en una investigación sobre la cadena de coimas entre la contratista Ciar y altos funcionarios de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba, encabezada por Ramón Mestre de la alianza Cambiemos.
La casa de fin de semana para el Cerro Colorado para un jefe de inspectores levantada por la empresa constructora, el pago semanal de coimas con recibos a funcionarios provinciales y municipales, el apartamiento del fiscal Anticorrupción Amayusco y el mutis por el foro de la prensa local, piezas del rompecabezas.
Por Guillermo Posada @cortodemira 1-9-2017
La casa de fin de semana para el Cerro Colorado para un jefe de inspectores levantada por la empresa constructora, el pago semanal de coimas con recibos a funcionarios provinciales y municipales, el apartamiento del fiscal Anticorrupción Amayusco y el mutis por el foro de la prensa local, piezas del rompecabezas.
Por Guillermo Posada @cortodemira 1-9-2017
El 18 de agosto pasado funcionarios de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico y Anticorrupción irrumpieron en el octavo piso del Palacio 6 de Junio, en la Dirección de Obras Viales, para requerir el expediente de la obra del ‘colector cloacal’ que la firma Ciar está ejecutando en la avenida Cruz Roja, ubicada en el sur de la ciudad.
La orden fue dispuesta a partir de una denuncia –la segunda- realizada por Carina Cravero, que patrocina el abogado Marcelo Touriño, donde se detallan prácticas corruptas de la contratista Ciar SA., con gran porcentaje de las obras adjudicadas en Córdoba Capital referidas a pavimentos, bacheo, y desagües cloacales y pluviales en la ciudad.
Según la denuncia, la corrupción tiene características sistémicas en la ciudad a partir de la connivencia de Ciar y funcionarios ‘coimeros’, donde se incluyen sobreprecios de la obra y nulos controles técnicos que implican incumplimientos de los pliegos licitatorios sobre la calidad de las obras realizadas.
Como ya adelantó stripteasedelpoder.com, Cravero se encuentra en medio de un diferendo legal con su ex marido, Luciano Merino, hijo del dueño de Ciar Carlos Merino, con denuncias penales por desapoderamiento de los bienes que le corresponden por la sociedad conyugal y por hechos de corrupción, como coimas a diversos funcionarios municipales, que la denunciante tomó conocimiento en el seno familiar.
En su momento Cravero apuntó a secretario de Hacienda municipal, Víctor Hugo Romero, como quien recibía los ‘aforos’ –denominación para referirse a las coimas dentro del ámbito de Ciar-, que alcanzaban el 20% del valor de las obras licitadas.
Ver EXCLUSIVO: denuncian sistema de coimas 20% e impunidad en gobierno de Cambiemos en Córdoba
No es la primera vez que Ciar se encuentra en la picota por la mala factura de las obras que realiza, aunque sólo a partir de las denuncias de Cravero fue llevada a tribunales. En julio del año pasado, el diario La Voz del Interior (Clarín) informó de la queja de los comerciantes ubicados en los alrededores del Mercado Sud, porque la mala pavimentación de la calle Huespe generó acumulación de agua servida en la arteria. La comuna ordenó romper y rehacer la obra, que se había habilitado sin estar listo el cordón cuneta.
En ese contexto Matías Salum, subsecretario de Infraestructura municipal, responsabilizó a la empresa constructora. “Algo hizo mal a nivel constructivo; debe rehacer parte de la obra, reponer la carpeta en un tramo y garantizar que el agua escurra”, señaló el funcionario al diario oficialista.
Además, el matutino detalló que “Ciar debió repavimentar accesos del nudo vial 14 luego de que una lluvia se llevara el asfalto colocado. Otras obras viales –por ejemplo, en calle Derqui (Nueva Córdoba) y Recta Martinoli– debieron hacerse otra vez por mala calidad de materiales”.
Ahora, el escándalo apunta a funcionarios de carrera dentro de la Dirección de Obra Viales. Encargados de controlar la ejecución de la obra, serían participes de una defraudación de Ciar por facturar “trabajos no realizados o acreditar una cantidad mayor a los efectivamente realizados”. La fiscalía a cargo de Gustavo Dalma investiga lo que la denuncia describe como un “ardid estafatorio que requiere la vital complicidad de los inspectores encargados de controlar la evolución de las obras conforme su progreso y así generar los pagos ilícitos para Ciar”.
De esta forma, la empresa de Merino habría cobrado por trabajos que no realizó o llevó a cabo a medias. Uno de los apuntados es el caso del ingeniero Marcelo Lescano, en la mira de los investigadores porque tiene a cargo la supervisión de las obras. Otros siete funcionarios resultaron denunciados pero sus nombres se mantienen aún en reserva.
Vale señalar que la obligación del equipo de inspectores según los protocolos técnicos es “suspender provisoriamente la obra total o parcialmente cuando, por falta de recursos, si se continuaran efectuando los trabajos decaería la calidad de los mismos, poniendo en riesgo la seguridad de las personas o el beneficio del propietario de la obra”.
Otras funciones de la inspección técnica son supervisar en forma continua y permanente el trabajo del contratista en toda la extensión de la obra; estudiar y conocer bien los planos y especificaciones de las obras, comunicar y solicitar autorización para realizar cualquier modificación al proyecto, informar con antelación cualquier cambio a la contratista y coordinar con la misma la ejecución de estas modificaciones; y fiscalizar y solicitar la ejecución de ensayos y pruebas de control de calidad en cualquier momento que a su criterio se requieran.
Comparaciones odiosas
La denuncia compara el accionar de Ciar con los de Odebrecht o Lázaro Báez: un sistema de pago de coimas al funcionariado municipal “que debe necesariamente incluir dichos egresos en el sistema de registro contable de la firma (…) atento al volumen de esos pagos ilícitos y al avance tecnológico de los controles contables estatales”.
Pero Cravero completó el cuadro que cierra el mecanismo corruptor al presentar como documental probatorio “fotocopias de los recibos extendidos por Ciar y firmados por los funcionarios públicos”. Es decir, que los funcionarios firmaron recibos de los cobros espurios para la contabilidad interna de la contratista. Por ello reclamó que la Justicia allane la cede de Ciar y secuestre determinadas computadoras, ubicadas en un croquis de las oficinas, donde se encuentran los archivos originales con la contabilidad denunciada.
Fuentes de la fiscalía confirmaron a Stripteasedelpoder.com que se llevaron a cabo los allanamientos requeridos por la denunciante y que las computadoras se encuentran actualmente en manos de la policía científica para su análisis pericial. ‘Mary’ Merino, hermana del dueño de Ciar, y tía de Luciano –ex marido de la denunciante-, utilizaba esos equipos informáticos para llevar registro de las coimas, junto a su asistente Alejandra Tombolini.
Allí figurarían bajo la denominación FF (Fondos Fijos) las erogaciones por los pagos de las coimas que recibían distintos funcionarios públicos de la municipalidad y la Provincia, que realizaba el empleado de la constructora Gustavo Paz, y tendrían periodicidad semanal.
Otro método de obtener el favor del control municipal en la ejecución de la obra, consistió en construir una casa de fin de veraneo para Lescano. Ciar levantó la propiedad en la localidad de Churqui Cañada, en cercanías del pintoresco paraje Cerro Colorado, que tiene pictografías rupestres y guarda los restos de Atuhualpa Yupanqui y El Chúcaro.
Si bien la investigación se encuentra en fase de secreto de sumario, este portal pudo saber de un camionero de apellido Bazán y su acompañante Guglielmone, que trabajan en la constructora, detallaron a la fiscalía que se ocuparon en trasladar a Churqui Cañada materiales que salían de los obradores que Ciar disponía para las obras licitadas, para la casa de fin de semana de Lescano.
Guardando las debidas proporciones, por un hecho parecido el juez brasileño Sergio Moro condenó a nueve años y medio de prisión al ex presidente de Brasil Lula Da Silva, por supuestamente haber recibido un apartamento en la isla balneario de Guarujá, perteneciente al estado de San Pablo, por parte de la empresa constructora OAS.
En el organigrama municipal, el ingeniero Lescano es jefe de Mantenimiento de Calles, dentro de la órbita de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad, a cargo de Fernando Elias Antonio Llaryora, tío del vicegobernador Martín Llaryora, abriendo un interrogante sobre el papel de la Provincia en el entramado corrupto, sobre todo atento a que también hay inspectores provinciales en la denuncia.
Al mismo tiempo, la denuncia que investiga el fiscal Dalma, sostiene que existen evidentes sobreprecios, artificialmente incrementados en diversos ítems que “son reveladores de la maniobra ilícita”.
Por caso detalla que en el precio del hormigón está inflado en un 162% respecto a los precios de mercado al momento de realizar la obra. Para comprobarlo, presenta como prueba documental la “planilla de balance de obra”, con la firma de Sebastián Merino, también directivo de Ciar. Sin embargo, al calcular en su conjunto el costo de la obra en relación con lo adjudicado, la contratista habría incluido un costó del 279% más en comparación al costo real de la obra.
Todo lo cual torna complejo para la administración mestrista ignorar que existe una ‘cadena de la felicidad’ en la obra pública municipal. Sólo el cono de silencio que la prensa capitalina impone al tema, omitiendo olímpicamente toda referencia al allanamiento en la municipalidad, salvo una breve crónica que el periodista Lalo Freyre realizó en el noticiero de Canal 12 cuya emisión no tuvo repercusión en otros medios, permite respirar con tranquilidad al intendente Ramón Mestre.
Cuán distinto es el impacto público de la misma corrupción en el momento que las empresas periodísticas no cobijan al gobierno de turno, como es el caso de la lluvia ácida que recae sobre el kirchnerismo ya hace tiempo.
Fly Amayusco
Por su parte, el fiscal en lo penal económico y Anticorrupción de segundo turno, Hugo Amayusco, debió apartarse de causa después que el abogado Marcelo Touriño presentara un nuevo pedido de jury en su contra en la Comisión de Juicio de la Legislatura.
Se trata de un planteo que impugna al fiscal por no inhibirse en un primer momento cuando esta denuncia recayó por sorteo en su fiscalía, dado que enfrenta otro pedido de jury por su fallido accionar en la primera denuncia, presentada en referencia a la obra de avenida Duarte Quirós, donde quedó involucrado el secretario de Economía municipal.
Simultáneamente, Touriño presentó una denuncia penal contra Amayusco acusándolo de infringir el artículo 248 del Código Penal por ‘abuso de autoridad’ en tanto debió apartarse apenas recibió la denuncia. Para ello Touriño pidió como testigos un secretario y dos prosecretarios de la misma fiscalía.
El letrado sostiene que todo el esquema responde a los cánones de un verdadero ‘Lava Jato’ cordobés, mecanismo de corrupción entre empresas contratistas y el gobierno brasilero que traspasó las fronteras de la región al involucrar a gobernantes de diversos países, incluido el presidente Macri.
Al mismo tiempo que sostiene que Amayusco persiste en su negligencia y mal desempeño en la investigación de las denuncias presentadas.
Por su parte, Dalma prosigue la instrucción. En sus antecedentes se encuentra el archivo por falta de mérito de la denuncia por sobreprecios en la construcción del hotel Ansenuza, en la laguna Mar Chiquita y los recientes allanamientos de la semana pasada a organizaciones sociales y partidos políticos, enrareciendo el clima previo a la multitudinaria movilización en reclamo de la aparición de Santiago Maldonado.
Dalma se ve inmerso así en algunas de las causas más calientes del poder local.
