Basta de Discriminación en el mercado laboral

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La discriminación laboral es tan letal como el cáncer. Mata las esperanzas de las personas y la legítima aspiración a un trabajo digno en base a sus méritos personales. Una reflexión que se basa en un cambio de estructuras mentales y sociales, a partir de una nueva forma de ver la educación.

Autor: Cristian Sosa Barreneche

Juan, de 37 años, se presenta a un trabajo. Lleva toda su ansiedad e ilusión sobre sus espaldas. En su casa quedó su mujer, rezando fervientemente para que pueda conseguirlo. Tiene mucha experiencia para el puesto para el que se postula. Tanto él como ella son católicos practicantes e irradian con orgullo su fe, su testimonio.

Llega al escritorio del Jefe de Personal y, entre otras cosas, le pregunta:

“¿Es usted católico?”

“Si”, responde Juan

“Lamento mucho. En esta empresa no tomamos gente que sea religiosa. El dueño es ateo y le molesta la gente que tiene fe. No le gusta. Lamento.”

…

María tiene 20 años, soltera. Recién llega a la capital de su provincia, luego de dos días de viaje en un colectivo con cubiertas tan gastadas que parecían pintadas de negro en lugar de ser de caucho. En su pueblo trabajó como vendedora en una mercería y se tiene mucha fe para este puesto de vendedor de aceites para automóviles de una casa mayorista del rubro. Su tarea sería la de visitar estaciones de servicio y lubricentros y vender los aceites que comercializa la compañía.

Se presenta y el Gerente Comercial, que está a cargo de la selección, le dice: “Señorita, no pierda tiempo esperando su turno. En esta empresa no queremos mujeres. Somos una empresa de varones y estamos muy contentos así. Las mujeres no sirven para trabajar. Entra una mujer y acá los muchachos se nos alborotan y seguro que terminamos en problemas. Mujeres no. Lamento”.

…

Pedro tiene 55 años. Es un hombre con el “cuero grueso” en puestos gerenciales administrativos. Ha trabajado en aproximadamente una docena de rubros de las más diversas ramas, complejidades y tamaños. Pedro “sabe” sobre lo que significa ser Gerente y tiene la experiencia como para sumarse al equipo gerencial de una empresa grande que está buscando un Gerente de Administración a nivel nacional. Llega a horario a la cita y es entrevistado por un Licenciado en Recursos Humanos (en realidad en su tarjeta personal figura su título de Magister) de unos aproximadamente 30 años de edad. Pedro le extiende su currículum vitae pero se encuentra con la temida pared: su edad.

A los 55 años es un “viejo” y tiene nulas posibilidades de acceder al puesto. Con tono petulante, en ese lenguaje mezclado entre español e inglés que sólo ellos entienden, el joven Magister le dice: “Es norma de la compañía no tomar gente de más de 40 años. Además deben acreditar educational background: títulos, diplomas, preferentemente expedidos en el exterior. Sorry”.

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¿Qué tienen en común las situaciones de Juan, María y Pedro?

La discriminación.

La primera: religión, la segunda: sexo y la tercera: edad y tipo de formación.

La sangre entra en ebullición cuando conocemos situaciones como las anteriores. Nos indigna que personas rechacen a otras por razones de “sexo, raza, nacionalidad, religión, políticas, gremiales o de edad”, tal como reza el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que se complementa con el artículo 1 de la Ley 23.592 sobre Penalización de Actos Discriminatorios cuando dice “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

Y todo ello apuntalado por el artículo 43 de la Constitución Nacional (CN), cuando dice que “cualquier persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo … contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”. Porque, definitivamente, en Argentina “todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” (artículo 16 CN).

Pero, a mi criterio, hay otro tipo de discriminación “encubierta”, que no es rechazada por la sociedad. Hasta diría que es socialmente aceptada y, cuando el alejamiento del trabajo se da por esa causa, es soportada estoicamente por sus víctimas. No tienen ninguna posibilidad de reclamar. La sociedad aún no está preparada para responder a esta moderna discriminación.

La Gente no puede quejarse y hasta se siente “culpable” por estar dentro de esa categoría.

Si alguien manifiesta su disconformidad por no obtener el trabajo por esa causa, pueden encontrarse con frases tales como “tienen razón”, “yo te dije”, “eso te pasa por no haberlo hecho”. O más duro aún: “eso te sucede porque no me haces caso a lo que te vengo diciendo hace años”, o, “no queda otra que jorobarse, no es para nosotros, es para ellos”.

Terrible, duro, injusto, lamentable, execrable.

Los argentinos tenemos una tendencia a confundir conceptos. Como digo en mi libro ¿Es Posible? ¡Sí!, “no nos gusta el rigor conceptual. Nos movemos más cómodos en el plano ambiguo porque lo acomodamos según la conveniencia”.

Para evitar una posible confusión, precisemos el término que organiza toda la idea.

Discriminar, según la Real Academia Española, en su primera acepción, significa “seleccionar excluyendo”.

Y esto, de suyo, va a contrapelo de la letra y el espíritu de todas las citas legales antes mencionadas.

Vayamos entrando en tema.

Desarrollaremos la idea siguiendo seis preguntas-guía, a saber:

• ¿Qué es lo que habitualmente se tiene en cuenta al contratar una persona para un puesto de trabajo) Lo vamos a llamar Sistema Actual (SA);

• ¿Qué es lo que se debería evaluar? Lo llamaremos provisoriamente Sistema Deseado (SD);

• ¿Qué diferencia hay entre el SA y el SD?;

• ¿A quién le conviene que se mantenga el SA?;

• ¿A quién beneficiaría el SD?;

• ¿Qué es lo que habría que hacer para instrumentar el SD?

 

¿Qué es lo que habitualmente se tiene en cuenta al contratar una persona para un puesto de trabajo?

Aquí no hay mucho para inventar.

Solamente hay que recorrer los pedidos laborales en los periódicos, las redes sociales, los portales de RRHH y los profesionales de selección de personal. Y luego sacar conclusiones.

¿Qué es lo que se premia? ¿Qué es lo que no se tiene en cuenta?

A modo de ejemplo, copio el comentario de una docente realizado en un Grupo de sus pares en Facebook. Lo elegí porque es un libre, alejado de formalismos y que muestra lo que sucede realmente en ciertos ámbitos.

Los recuadros fueron hechos por mí y se refieren a las partes que más me llamaron la atención.

 

De su lectura se desprende:

• Una actitud generosa por parte de la docente al compartir su experiencia con los novatos, “para que no les pase lo mismo”;

• La calificación (puntaje) y, por lo tanto, los correspondientes “permisos” (tipos o categoría de materias que puede dictar), depende, entre otras cosas, de la cantidad, características y oportunidad de presentación de “certificados”;

• Esa calificación es otorgada por una “Junta” que depende de un “Ministerio”;

• Para canalizar una queja, intervinieron tres personas: una de “buena voluntad”, un operador del procedimiento y el Jefe de este último. Todo ello para darse cuenta que estaba mal hecho;

• Esa Junta administra miles de casos similares al de ella;

• El error fue en defecto y en exceso. Fue habilitada para dictar materias que no le correspondían y, por otra parte, perdió “muchísimas horas titulares”;

• Evidentemente, se planteó una situación de injusticia, tanto para ella como para aquellos que accedieron a puestos que no correspondían;

• Este método es el actual para acceder a dar clases.

 

¿A qué conclusión podemos llegar?

Tener los conocimientos sobre la materia a dictar es importante.

En principio, se podría decir que nadie puede ser docente de algo que no conoce.

Ahora bien, superado esta restricción (conocimientos mínimos), hay una habilidad que todo buen docente debería tener: lograr que los alumnos aprendan. No la de transmitir información, puesto que ésta ya es suplida por cualquier motor de búsqueda (Google por ejemplo). Sí, en cambio, la de lograr que los alumnos aprendan, que es una capacidad de orden superior, puesto que el docente debería tener las competencias necesarias y suficientes como para guiar a sus alumnos en la búsqueda de información, seleccionarla, motivarlos a distinguir lo importante y pertinente de lo superfluo e innecesario, aplicarla correctamente a la situación planteada y, finalmente, hacer un “cierre” para que el aprendizaje de todos y cada uno de sus alumnos se “atornille”. En términos ideales, que amen aprender. Esto, paradójicamente, no es tenido en cuenta por la Junta de Calificaciones.

• ¿Qué es más importante?

• ¿Qué el docente acumule certificados o que los alumnos aprendan?

• ¿Para qué le pagan?

• ¿Cuál es el objetivo de su tarea?

• ¿Cuál es su Misión?

En el ejemplo que venimos analizando, la principal habilidad debería ser su capacidad para lograr que los alumnos aprendan. Y no es tenida en cuenta, no se evalúa, no forma parte de su puntaje. Solamente se considera los “certificados”. Se premia las “horas transcurridas” y no la “habilidad constatada”.  Se confunde “diploma” por “competencia”, “títulos” por “idoneidad”.

Se confunde, en esencia, “proceso” por “sustancia”.

Esta confusión conduce a considerar que estos términos significan lo mismo. Así, se confunde enseñanza con saber, promoción al curso siguiente con conocimiento, estudiar con aprender, servicio con valor, tratamiento médico con cuidado de la salud, protección policial con tranquilidad, equilibrio militar con seguridad nacional, horas de trabajo con eficiencia (buen empleado), escuelas con educación, cursos o certificados por competencias/habilidades.

La lógica es perversa, porque se nos ha enseñado que cuánto más cantidad del primero, mejores serán los resultados.

Pero hay algo más profundo.

 

¿Qué es lo que se debería evaluar?

Mientras los términos de la derecha de la tabla siguiente están relacionados a valores o necesidades inmateriales, los de la izquierda están asociados a la prestación de servicios o la compra de productos.

Veamos:

La idea impuesta es que mientras “más” tenemos de los de la izquierda, mejores “resultados” obtenemos de los de la derecha.

Y eso, definitivamente, no es así. Es un argumento falso. Falso y peligroso.

El peligro se manifiesta cuando las necesidades no materiales (sustancia) son transformadas en demanda de bienes y/o servicios (procesos).

Yendo al tema laboral en concreto:

• ¿Qué es lo que hay que evaluar para la obtención de un trabajo?

• ¿La cantidad de "procesos"? o, ¿la pertinencia y adecuación de la "sustancia"?

Lo que habitualmente se evalúa –por razones que veremos más adelante- son los “procesos”: cursos realizados, certificados presentados, tiempo transcurrido, títulos obtenidos, veces realizado, cartas de recomendación conseguidas, entre otros.

Considero que “solamente” se debería evaluar la sustancia: capacidades, habilidades y competencias necesarias y suficientes para poder desempeñar el trabajo al cual se aspira.

Lograr modificar este aspecto traería algunas modificaciones:

• En el Sistema de Educación, Formación y Capacitación Profesional y Laboral;

• En los Criterios y Métodos de Evaluación, tanto a nivel formativo como laboral.

Nuestro Sistema Deseado (SD) se basaría en evitar que la sociedad convierta su natural aspiración a cubrir las necesidades sustanciales (¿derecho natural?) en demandas de productos y servicios.

Nuestro SD estaría apuntado a que las personas optimicen sus habilidades y competencias utilizando medios que trasciendan la oferta de productos y servicios, tal como están concebidos en la actualidad.

No quiero con esto decir que la oferta de servicios y productos deban desaparecer. Nada más alejado de mi intención. Digo que deberían coexistir con otros mecanismos para lograr la “sustancia”. Que institucionalmente se debería permitir que la Gente pueda acceder al dominio y desarrollo de esas habilidades y competencias por varios caminos, no solamente por los actualmente ofrecidos, a los que llamaremos “tradicionales”.

Porque producen dependencia, ira, frustración y, algunos, incluso, suben artificialmente el nivel de exigencia como consecuencia de la presión ejercida por los proveedores de estos productos y servicios.

Suele pasar que los tradicionales alimentan su propia demanda, al introducir conceptos o prácticas que tienen un solo camino: su propia oferta académica, con la metodología que actualmente tienen.

Propongo también la modificación de los criterios y métodos de evaluación para el acceso a puestos de trabajo porque los actuales –y ahora sí lo digo con todas las letras- pueden considerarse discriminatorios.

 

¿Qué diferencias hay entre el SA y el SD?

Mencionamos las siguientes:

• El SA está orientado hacia la oferta, el SD hacia la demanda;

• El SA se orienta hacia los proveedores, el SD hacia la Gente;

• El SA se orienta hacia los procesos, el SD hacia la sustancia;

• El SA pone su acento en la sucesión de instancias, el SD en el resultado;

• El SA hunde, el SD eleva.

La crítica más profunda hacia el SA es que la Gente se siente cada vez más incapaz de organizar sus propias vidas en torno a sus experiencias, expectativas y recursos dentro de sus propias comunidades. El SA los expulsa porque no tienen reales posibilidades de acceder al mundo deseado.

Una de las acepciones de pobreza (RAE) es “falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo”.

Desde esta perspectiva el SA está produciendo cada vez más pobres, porque menoscaba la dignidad del ser humano, toda vez que ve como imposible poder acceder a un mercado laboral que le pone palos en la rueda.

¿A quién le conviene que se mantenga el SA?

Al “establishment” educativo, formativo y de capacitación que gobierna los criterios impuestos y lucra con esta filosofía y estructura.

Lucran las empresas formativas, porque se garantizan legiones de jóvenes que pagan puntualmente durante mucho tiempo, o bien mantienen con su número la excusa de tener que estar presentes en el mercado. Lucran los funcionarios, empleados y docentes (no todos), porque saben que es un proceso interminable, que se repite año a año y tienen la certeza de que nunca se va a acabar. Incluso, con algunas modificaciones, hasta pueden ampliarlo y/o extenderlo.

Son estos los que “regulan” que el mercado laboral opte por aquellas personas que acumulen certificados sin tener en cuenta el grado de competencia para el ejercicio de las tareas a las cuáles quieren acceder.

Las Instituciones de formación vinculan la instrucción, la asistencia, el certificado –pero no el aprendizaje- con las funciones propias de las tareas.

Y esa situación se da no solamente con los oficios (tornería, carpintería, albañilería, por citar algunos), sino también con las profesiones universitarias.

Todo “está armado” de una manera que la llave del acceso al mercado laboral cuelgue del llavero muy pocas personas. Las copias de esas llaves están contraladas por ellos mismos. No se la dan a cualquiera. Y están articulados entre sí.

Un ejemplo para ilustrar.

Para poder liquidar impuestos hay que cumplir con ciertos requisitos y formalidades impuestos por la autoridad tributaria. En el caso de la Argentina, la AFIP. Hay que presentar un Balance Impositivo y sobre él se tributa el Impuesto a las Ganancias. Este Balance tiene que estar firmado por un Contador Público, título que lo expiden las Universidades. En teoría, si la Universidad “garantiza” que ese profesional ha cumplido con las exigencias académicas, debería estar habilitado a firmar balances. Pero no es así. Falta aún el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, quién emite la “matrícula” y regula de esta manera el ejercicio profesional. Para obtener la matrícula la única exigencia es pagar una cuota. No hay otra.

Recién allí, el Contador –que ha pasado entres 5 y 6 años de estudio (que no garantiza tampoco ningún aprendizaje), puede firmar balances. Hasta podría decir sin miedo a ruborizarme que existen casos de “profesionales vírgenes”: en su vida académica jamás han visto una empresa de “carne y hueso”. Más aún, es probable que haya tenido profesores que no viven profesionalmente de la especialidad de la materia que dictan. Toda su formación podría haberse dado tranquila y exclusivamente en los claustros universitarios y en las Tesorerías del Colegio Profesional y de la Universidad si ésta fuese privada. No hay exigencia de “práctica”. Sólo el certificado y el pago.

Este es el camino para que un Contador pueda trabajar profesionalmente en la Argentina: estudiar y cumplir académica y administrativamente unos cinco años promedio en una Universidad, pública o privada; inscribirse en el Colegio Profesional y saber completar los formularios impositivos correspondientes.

Ahora bien, ¿qué pasaría si la AFIP emitese una Resolución en donde reconoce como válida la firma de una persona que cumpla con las exigencias de un Curso de Técnico en Impuesto a las Ganancias  -que ella misma dicta- y que aquellos Balances que son presentados por los egresados de ese curso fuesen válidos para la liquidación de ese impuesto?

¿Se imaginan qué podría pasar? Caos.

Y forzando un poco más el supuesto: ¿y si también fuese válido el mismo curso si fuera dictado por personas aceptadas por la AFIP como “Instructores Habilitados”, sean o no contadores públicos? Un desastre.

No estaríamos muy alejados de la realidad si pensáramos que existirían algunos  jóvenes que dejarían de estudiar la carrera de Ciencias Económicas. Tampoco estaríamos soñando si advirtiésemos que otras personas –distintas a los estudiantes de ciencias económicas- estarían dispuestas a realizar dicho curso porque el trabajo al cual les habilita les satisface como medio de vida. También veríamos, no con menos sorpresa, cómo se ampliaría la oferta de formación en personas que ahora están excluidos de las instituciones educativas tradicionales. Además, sería un motivo para que las Universidades se presenten ante la AFIP para que las habilite en el dictado del curso.

Pero, por sobre todas las cosas, dejaría de existir el “monopolio” y el “corset” existentes.

¿Y si existiese lo mismo en áreas de trabajo relacionadas con la Abogacía, Arquitectura, Ingeniería, Medicina, Biología, Física, Matemática, Veterinaria, Bioquímica y tantas otras más?

 

¿A quién beneficiaría el SD?

La beneficiaria final y principal del SD, evidentemente, sería la Gente.

Porque podrían organizar sus vidas en torno a sus propias experiencias y recursos dentro de sus posibilidades y de sus propias comunidades.

Podrían capacitarse en habilidades y competencias, más allá del mercado de certificados y títulos.

Porque ganarían en libertad, dependiendo de ellos mismos para acceder a un mercado laboral que hoy le es esquivo.

Esa docente que vimos en el ejemplo del inicio relativizaría la importancia de sus tres títulos, y confiaría más en sus habilidades para que los alumnos aprendan porque la Dirección del colegio (o la Junta) priorizaría más lo segundo que lo primero.

Beneficiaría a los grandes ausentes: los maestros, los idóneos, aquellos que llevan años haciendo una tarea específica o bien han tomado forma en la fragua de la experiencia y que no tienen cabida en el mercado de la formación. Muchísimos oficios han dejado de tener vigencia porque no hay quién los enseñe.

Conozco casos de empresas que tienen empleados próximos a jubilarse y que penan por tener nuevos aprendices. No hay quien enseñe. Cuántas empresas toman empleados casi sin importarle el nivel de conocimiento que tiene el postulante porque asumen el costo de la capacitación. Años y dinero para formar un colaborador.

Incluso, hasta se les abriría un nuevo horizonte a esos empleados que están por retirarse. Se convertirían en Maestros. Le podrían dar un sentido a sus canas.

Beneficiaría también a Sindicatos y Empresas que tengan la vocación de generar y desarrollar nuevos conocimientos a partir de la experiencia.

A Municipios, Mutuales, Fundaciones, ONG, Cooperativas, Iglesias, que verían con agrado canalizar los esfuerzos de sus integrantes, porque sería una manera que justifiquen su Misión.

A personas individuales, que se encuentran sin rumbo y desalentadas, y que cuentan con conocimientos y acreditan pergaminos de haber corrido un sinnúmero de carreras laborales. Volverían a ser útiles. Premiaríamos las canas, las arrugas. Los mayores son uno de los “elementos” fundamentales del aprendizaje.

A la sociedad toda porque podrá ser también un medio para que miles de jóvenes dejen de estar en conflicto con la ley penal, toda vez que pueden adquirir un oficio para desenvolverse en la vida.

Jóvenes que no son proclives al “estudio” tal como está concebido hoy y que no tienen un medio para canalizar sus inquietudes de perfeccionamiento.

Y también, por qué no, a las Instituciones Educativas tradicionales que confían en que lo que ellas enseñan se condice perfectamente con lo que el mercado laboral exige, que estimulan la adquisición de habilidades y que no se quedan en un torbellino de contenidos que no tienen aplicación en la práctica. Para ellas, que no deberían tener ningún miedo a esta idea, sería una excelente oportunidad.

 

¿Qué es lo que habría que hacer para instrumentar el SD?

Neutralizar el “poder” de los certificados como manifestación del “saber”.

Los certificados son una manera de manipular el mercado. Y algunos picarones lo tienen muy claro y trabajan para que el agua vaya a sus respectivos molinos.

Favorecer la creación de Instituciones destinadas a promover, desarrollar y optimizar habilidades y competencias.

La Constitución Nacional debería proteger el derecho a aprender para educarse. Y abandonar (o por lo menos neutralizar o morigerar) el concepto de escolarización como único medio para acceder a la Educación, Formación y Capacitación.

Le pido al lector que se tome el trabajo de contar la cantidad de veces que la palabra  “Educación” (y derivaciones) figura en la Constitución Nacional. Y que haga lo propio con “Aprender” y “Escolarización”. Y saque sus propias conclusiones hacia dónde está apuntado el SA.

El monopolio actual sobre la Educación que ostentan las Instituciones Educativas tradicionales (en todos los niveles) debe desaparecer y dar pie a un Nuevo Orden Educativo, Formativo y de Capacitación (SD o NOE de ahora en adelante), en donde las posibilidades de Aprendizaje de la Gente debería tener un horizonte más amplio y con una variedad de alternativas que hoy no existen.

El currículum se ha empleado históricamente para asignar el rango social. Podía ser prenatal, adoptarse bajo la forma de rituales, en la sucesión de hazañas, o en una serie de promociones establecidas.

Esto socavaba la posibilidad de cualquier ser humano para acceder a niveles superiores de conocimiento por sus propios medios o méritos. Se le oponía el "rango" y así se impedía el ascenso buscado.

Entonces, se creó una manera (la escolarización) para que “todos” pudieran acceder a niveles de estudios que le permitiesen obtener un título (certificado) y que ese logro, a su vez, le permitiese acceder a un mundo que estaba vedado para la gente común.

La mala praxis y los intereses sectoriales han desvirtuado el loable objetivo inicial. En lugar de haber igualado las posibilidades, el SA ha monopolizado su distribución y hemos vuelto al origen.

Por eso para separar la competencia del currículum, debería prohibirse la indagación sobre el historial de asistencia a instituciones educativas de cada persona, de la misma manera que está prohibido para la religión, orientación sexual, raza, ideología política, nacionalidad o edad.

Concretamente habría que incorporar a la ley la prohibición de discriminación basado en la previa asistencia a instituciones formativas.

Si una organización necesitara de alguien que se desempeñe en una determinada tarea, todos aquellos que tengan las habilidades y competencia necesarias y suficientes para cumplirla podrían acceder a ese puesto, más allá de los estudios previos que tenga. Para acceder a ese puesto, la única exigencia debería ser que pueda realizarla. Para ello, lo única verificación legalmente protegida sería comprobar que el postulante demuestre que sabe hacerla. Y nada más.

Una advertencia para evitar malos entendidos.

No estoy en contra de las Instituciones Educativas.

A pesar de estar convencido que estarán en franco desacuerdo con estas ideas.

Estoy a favor del Aprendizaje y de que solamente las Habilidades sean la razón por las cuales una persona acceda al mercado laboral. Y que cualquier indagación sobre asistencia previa a instituciones formativas sea considerada un acto de discriminación.

Es llevar al plano de lo concreto algo que también formulo y defiendo en mi libro: estudiar no es lo mismo que aprender.

Porque aprender es acumular experiencias reutilizables en el futuro.

Los que verdaderamente aprenden son aquellos que pueden resolver problemas y mejorar desempeños, que son las razones por las que las organizaciones contratan Gente.

Suelo decir que las empresas toman a la Gente por el conocimiento que tienen (de resolver problemas y mejorar desempeños) y los expulsan por lo que son (en términos de personalidad y de relacionamiento con los demás).

Podríamos pensar en crear tres instrumentos.

Para facilitar este SD o NOE, se podría instrumentar legalmente la figura de la “Empresa Capacitadora”. Una experiencia que en Alemania ha resultado satisfactoria a la luz de su Sistema Dual de Formación. No me estoy refiriendo al sistema de pasantías actuales, que da pie a que los jóvenes sean estafados por empresarios inescrupulosos. Con beneficios fiscales, con exigencias rígidas. Sería un buen aporte a la sociedad si los Ministerios de Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Economía, en armonía con las Centrales Gremiales y las Representaciones Empresarias, llevaran a cabo un trabajo serio apuntado al futuro de la Argentina.

La Empresa Capacitadora formaría parte del Sistema Educativo. Tendría su participación en el tramo final de la Secundaria, en los dos últimos años.

Me refiero a una categoría de empresa en donde los jóvenes podrían estudiar en el marco de una estructuración del Sistema Educativo distinta a la actual. En el Capítulo “Perfil Educativo Argentino” de mi libro amplío el concepto.

Un segundo instrumento, podría ser la creación de la categoría de “Centros de Aprendizaje Profesional (CAP)”, en donde la Gente (jóvenes y adultos) adquiriría habilidades. En donde se priorizaría el “hacer”, en lugar del “oír y leer” y que el Método basado en Proyectos fuera el buque insignia del esquema pedagógico. Un espacio en donde se desarrollaran competencias orientadas a labores específicas, con demanda laboral comprobada. Sería la analogía del CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) para el deporte de Argentina. En el CENARD no se estudia nada. Se practica deporte y se logran éxitos deportivos encomiables. Estos CAP se articularían con las Centrales Empresarias, Sindicatos e Intendencias, para convertirse en canales idóneos para que la Gente accediese al mercado laboral. Actualmente, las Instituciones Educativas tradicionales tienen grandes dificultades en este punto.

Los CAP deberían ser juzgados por sus Resultados y no por los Certificados que emita. Es decir: qué cantidad de personas, que pasaron por ellos, han conseguido trabajo efectivo y perdurable y, además, qué calidad de trabajo consiguieron. Esta información debería ser pública y auditada por los Estados Municipales y los Ministerios de Educación y Trabajo provinciales, para que las personas puedan conocer el nivel y características de los mismos.

Mi sueño es que en los CAP nazca la nueva Fuerza Laboral y Profesional de la Argentina.

Orientada a la producción y a la eficiencia.

Un tercer instrumento, sería instrumentar un Sistema de Educréditos. El educrédito es una cantidad de dinero que se otorga a cada ciudadano al nacer, en cabeza de sus padres hasta la mayoría de edad. Estos educréditos, que gozarían de intereses para que no pierdan su valor, estarían destinados al pago del aprendizaje de la Gente.

Se garantizaría a cada ciudadano el derecho a una parte igual de los recursos educativos derivados de los impuestos (en la Argentina es aproximadamente el 6% del PBI), el derecho a verificar su cuota-parte, y el derecho a entablar juicio si le es denegada.

El reparto sería proporcional a la cantidad de personas en “estado de aprendizaje”, concepto, instancia de registro y control a definir. Para el caso de los menores, los padres, al ser los primeros responsables de la educación de sus hijos,  deberían acreditar la asistencia de sus hijos a los establecimientos elegido por ellos.

En el caso de los mayores, las Instituciones o CAP informarían los resultados de los asistentes.  Se renovaría el educrédito siempre que los resultados alcanzados fuesen satisfactorios y que no excedan el tiempo establecido para el aprendizaje seleccionado. Habría límites de tiempo para cumplir los objetivos pedagógicos.

De esta manera, no se financiaría la Oferta, sino la Demanda a la luz de los Resultados.

Y los ciudadanos se convertirían en custodios de su propia Educación, Formación y Capacitación. Serían dueños de su destino.

Los educréditos podrían ser canjeables por dinero, o aceptados para el pago de elementos y servicios destinados a la educación, formación y capacitación, de acuerdo a límites y procedimientos creados a tal efecto.

Las Instituciones o CAP solventarían sus propios gastos y costos y obtendrían sus ganancias con el ingreso provenientes de los educréditos. No tendrían más subsidios directos del Estado (hoy destinados básicamente para el pago de salarios de los docnetes). Para obtener mayores ingresos, deberían mejorar sus Resultados que serían medidos en términos de logros de Aprendizaje, para que la Sociedad los seleccione sobre esta base.

Una pregunta al lector: suponiendo que el régimen legal contemplara todo lo dicho, ¿dónde mandaría su hijo?, ¿dónde cree usted que tendría más posibilidades para incorporarse al mercado laboral?

A la Argentina le hace falta, por un período no menor a 50 años, Gente que “aprenda” y no que acumule certificados o títulos.

Nos hace falta, como mínimo, unas 5 generaciones laborales con un perfil de trabajador distinto, y que éste sea formado de una manera diferente: que sepa llevar a cabo proyectos, que tenga sentido de los resultados, que se aboque “a las cosas”, que conozca sobre los requerimientos del mundo y arme una oferta distinguible por él, que tenga conciencia de la creación de valor, en definitiva, una mano de obra competitiva.

Necesitamos acentuar la iniciativa y responsabilidad del Aprendizaje en sus agentes naturales: los padres y la propia Gente, porque son ellos los principales beneficiados, porque accederían al mercado laboral por sus propios méritos y el desarrollo de sus habilidades y competencias.

Los argentinos deberíamos trabajar para que finalice la Estafa y la Discriminación en el Mercado Laboral, generar industrias competitivas para que este Mundo Globalizado nos reconozca y tener de esta manera una fuente de ingresos legítima, sostenible y digna que sirva para que nuestros hijos y nietos sean Felices.

Porque, claro, me olvidaba de comentarles que pienso que el Sistema Educativo, Formativo y de Capacitación tiene como Objetivo central que la Gente sea FELIZ.

Y esto sucede cuando puede cumplir sus Objetivos Personales, Familiares, Sociales y Laborales.

Autor: Cristian Sosa Barreneche