Dicen desde Madrid que es una cuestión de atenerse a la legalidad, y repiten el mantra consabido de que es una cuestión que sólo cabe solucionar dentro del Estado de Derecho, con más democracia. Por cierto, el problema ya ha excedido con mucho las mallas frágiles de la legalidad. Se trata de una cuestión de legitimidad que, como decía el siempre actual Schmitt, es el campo donde hoy se ubica, bajo el punto de vista del Derecho, la cuestión de la obediencia y de la resistencia al mandato. 
Lo que se muestra ilegítimo en España es el tinglado constitucional de 1978, forma de salir del apuro de la llamada “transición”, en donde jugó un papel importante el hoy olvidado Manuel Fraga Iribarne. Aquel galpón jurídico provisorio estableció una especie de comunidad de intereses creados entre gobierno nacional y comunidades autónomas. Se estableció a ese efecto un híbrido entre la unidad de régimen y la articulación federativa, que son las autonomías, con un doble juego: la comunidad autónoma, entendida como nacionalidad, no puede imponer al Estado un estatuto autonómico con que el Estado no esté de acuerdo, por una parte, y por la otra, el Estado no puede imponerle a las comunidades autónomas un estatuto que no esté aprobado en refrendo por el lectorado de cada comunidad en cuestión. Todo ello sostenido en el Estado de partidos, un secuestro de la forma de gobierno democrática en los papeles por un reparto de poder y ventajas efectuado por una casta política en las trastiendas, tanto en el régimen de Madrid como en el de Cataluña y las demás comunidades de España. En el 2006 el Congreso español aprobó un estatuto autónomo para Cataluña que, por gestión del gobierno, fue declarado en buena parte contrario a la ley suprema del 78 por el Tribunal constitucional nacional en 2010. De allí que en este momento Cataluña esté regida por un estatuto que no fue aprobado por la ciudadanía catalana. Ante el estallido del proceso independentista, el gobierno central vacila en poner en ejecución el art. 155 de la constitución, que suspendería la autonomía catalana y haría caducar sus autoridades: sería necesario mandar un virrey a Barcelona. Cuando las fuerzas del orden no han podido manejar las votaciones del 1-O, parece fuera de quicio imaginar un visorrey a la cabeza del ejército desfilando como fuerza de ocupación por las Ramblas. 
Rajoy ensayó hasta el final la ficción legalista: “la guerra de Troya nunca tuvo lugar”, el referendo nunca sucedió. El legalismo extremo puede llegar a negar la verdad efectiva de las cosas. Pero ello ocurre cuando la legalidad ya está difunta. La constitución del 78 no rige en España, ha pasado a ser tachada de ilegitimidad y –desde luego- si se abriese un proceso constituyente para reemplazarla el resultado sería peor, ya que sólo pueden ser imaginados desde el campo del delirio los insertos que la progresía querría encajar en el nuevo texto, a mayor gloria de la democracia constitucional.

En estos trances se requiere el gran político que asuma la decisión de revestirse de la legitimidad que plantea un orden y un nuevo comienzo, a partir del cual desarrollar la legalidad consecuente. No se lo ve en España. “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, dice la constitución del 78. Aquí el rey Felipe VI apareció tarde para hablar en nombre de la legalidad del 78, cuando lo que está en juego es la permanencia de una comunidad histórica, cultural, política y económica de cinco siglos. José Antonio Primo de Rivera, sobre los separatismos, por encima del amor romántico al terruño, colocaba la “unidad destino en lo universal”, la razón clásica de España. Esa unidad de destino hoy no hay quien la quiera ni la pueda invocar. ¿Posespaña?.-