«Justicia, Encuentro y Perdón» recuerda a las víctimas de la represión en Venezuela
«Memorias de la represión» son podcast que documentan la violación de los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2014. «Sin memoria no hay verdad y sin verdad no puede haber justicia», dicen los directivos de JEP Venezuela
Fuente: ALETEIA
Venezuela sigue siendo un campo minado para el ejercicio de los derechos civiles y democráticos. Alcanzar la justicia es una práctica que se hace cuesta arriba por el miedo, las amenazas, trabas y dilaciones en los procesos judiciales. Tanto los ciudadanos que disienten del gobierno y elevan en las calles sus reclamos, como los defensores de los derechos humanos, son blancos directos de la violencia oficial y los retardos procesales.
En ese ambiente, la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales consideran importante, no solo persistir y organizarse para ejercer los derechos antes las diferentes instancias nacionales e internacionales. También, consideran que relatar las violaciones de estos derechos, dejará constancias y testimonios, muy válidos para buscar la justicia.
César Pereira: «¡Dispárame, pues!»
César David Pereira Villegas era un joven que vivía en Lecherías, estado Anzoátegui (Venezuela). Con 20 años de edad, despuntaba como líder político y no podía estar ausente de la única realidad conocida por él desde que tenía menos de tres años de vida.
El 27 de junio de 2017, el país continuaba sacudido por las manifestaciones ciudadanas, surgidas inicialmente en febrero de 2014, en contra de las medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Ese no sería un día más de protestas en el Peñón del Faro.
Las aspiraciones de César Pereira de ser el alcalde más joven para servir a sus vecinos, fueron truncadas con el mal intencionado disparo de una «metra» utilizada como arma legal. El responsable: un integrante de Poli Anzoátegui presente en la manifestación.
Los compañeros de César, cuentan que le gritó de frente al funcionario que le apuntaba. «¡Dispárame, pues!». Inmediatamente recibió un impacto en el abdomen del que no se recuperará más. Se convirtió en una las más de 300 víctimas que dejaron las protestas, delatando, una vez más ante el mundo, al gobierno violador de los derechos humanos.
«César no tuvo chance de pensar que la vida sí se puede terminar en un segundo. Estaba desarmado y llevaba puesta una sudadera azul”, se escucha en el episodio 20 del podcast “Memorias de la represión», serie publicada por la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP Venezuela), para mantener el recuerdo de las víctimas.
Durante un conversatorio «Narramos realidades, construimos memoria», realizado en Caracas, se mostró cómo a través del periodismo, la investigación y la producción audiovisual, se puede aportar a la construcción de la memoria histórica, social y jurídica.
«No se sonreía, apretaba los dientes por el intenso dolor»
La actividad también permitió conocer la historia del joven Diego Fernando Arellano De Figueiredo, de 31 años de edad. Casi un mes antes que César, el 16 de mayo de 2017, Diego cayó abatido por el impacto de una «rolinera cilíndrica de plomo», disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en San Antonio de los Altos, Miranda.
Este caso dejó para los medios una emblemática imagen que mostraba «el rostro sonriente» de Diego mientras era auxiliado por los paramédicos. La realidad era otra, dice el testimonio de su amigo José Contreras, en el podcast de JEP Venezuela.
«Conocí a Diego bastante bien, desde que éramos niños. Conocí sus expresiones, las más bellas, las más feas, cuando estábamos bebiendo, cuando no, llorando, riendo y puedo afirmar que Diego estaba apretando los dientes del dolor. Quizá el ángulo de la foto da otra impresión, pero no era una sonrisa. Aclaro esto simplemente en honor a la verdad».
Un aporte adicional para la justicia
Como los de estos jóvenes, JEP Venezuela ha documentado cientos de casos en los que muchos venezolanos perdieron la vida en contexto de protestas. Marta Tineo, abogada, cofundadora y coordinadora general de esta ONG junto a Rosa María Orozco, habló sobre la importancia de relatar y construir la memoria histórica.
«A lo largo de sus cinco años como parte del trabajo de documentación, de cada uno de esos casos y su posterior presentación ante instancias de justicia. Ese mismo trabajo de documentación luego se lleva a este nivel de poder narrar y humanizar esa historia; entonces se convierte en un aporte adicional a todo lo que tiene que ver con la construcción de memoria histórica», dijo durante el encuentro.
«En Justicia, Encuentro y Perdón seguiremos documentado y registrando estos casos; y denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela», dijo Tineo.
Entre los expositores estuvo la responsable comunicacional de JEP Venezuela, periodista Alma Ariza, quien habló de la elaboración de contenidos como los podcasts para mantener la memoria histórica de los hechos. También, el abogado Fernando Fernández, especialista en derecho penal y derechos humanos, quien habló de la importancia del periodismo en los hechos para consolidar la búsqueda de justicia.
Los casos no tienen sentencia firme
De acuerdo con su más reciente informe, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, documentó 333 casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas por exigibilidad de derechos civiles y políticos, desde el año 2014.
Los resultados de esta investigación evidencian que a finales de 2021 y principios de 2022, y gracias a la presión que han desarrollado junto a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Fiscalía General de la República impulsó diversos procesos contra perpetradores directos de la más baja jerarquía oficial.
Con ello, la cifra de impunidad que estuvo en 97 por ciento bajó a un 94,3 por ciento. «De todas maneras son casos que, todavía, no tienen una sentencia firme…», dice el informe presentado por el abogado Fernando Fernández en el portal de la ONG.
Venezuela: Más de 300 presos políticos, entre ellos 23 mujeres
Marta Tineo dio a conocer la situación de los presos políticos en diferentes cárceles de Venezuela. «Al día de hoy existen 314 presos políticos venezolanos, entre ellos 23 mujeres. La gran mayoría reporta casos de tortura, tratos crueles e inhumanos degradantes», dijo la activista de los derechos humanos en conversación con Aleteia.
Denunció que, con las detenciones ocurridas recientemente en Venezuela, de nuevo se está persiguiendo a la disidencia. «En este momento, básicamente se está persiguiendo y deteniendo a agremiados de sindicatos y partidos políticos como Bandera Roja. Es decir, vemos de nuevo un patrón de detenciones por razones políticas», comentó.
¿Qué hace la Iglesia venezolana en materia de los derechos humanos?
La Vicaría de los DD.HH. de la Arquidiócesis de Caracas y COFAVIC, con apoyo de la Unión Europea, presentaron el 12 de julio de este año, el proyecto «Iniciativa para la protección integral y efectiva a personas defensoras de DDHH en Venezuela».
Con la iniciativa se busca «promover la protección de las personas defensoras de derechos humanos (DDHH) en situación de riesgo en Venezuela y contribuir también al avance de esos derechos», de acuerdo con la nota de la embajada de la Unión Europea.
La presentación de esta obra contó con la participación del jefe de delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao Moreno; el cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo; la presidenta y cofundadora de COFAVIC, Liliana Ortega; y el director de la vicaría de derechos humanos de la Arquidiócesis de Caracas, José Gregorio Guarenas.
De acuerdo con la información recibida por Aleteia, el proyecto se desarrollará durante los próximos tres años (entre febrero 2022 y enero 2025) junto con la Organización Mundial Contra la Tortura y Frontline Defenders, en beneficio a 2.000 defensores de los derechos humanos y 200 organizaciones de la sociedad civil.
Adicionalmente, se presentó el libro «Hablan las personas defensoras de los derechos humanos», que reúne 16 testimonios de activistas de varios estados de Venezuela: Amazonas, Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Lara y Zulia; siendo implementado por COFAVIC y la vicaría DDHH de la Arquidiócesis de Caracas.
Fuente: ALETEIA