El fallo que podría cambiar la jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad
Se trata del caso Larrabure, un mayor secuestrado y torturado entre 1974 y 1975 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y finalmente ejecutado. Su hijo pide desde 2007 que el caso de su padre sea declarado imprescriptible.
Fuente: TELEFE NOTICIAS
Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado por un comando de la organización terrorista ERP el 11 de agosto de 1974, durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón. Ocurrió durante una recepción en el comedor de oficiales de la Fábrica Militar de Villa María, de la que el mayor Larrabure -ascendido a coronel durante su cautiverio- era subdirector. Luego de 372 días de prisión y tortura, fue ejecutado. El caso podría suponer un quiebre en la jurisprudencia, si la Cámara Federal de Rosario acepta considerarlo delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, tal como reclama su hijo Arturo Larrabure desde 2007. Pues sentaría un precedente para convertir en imprescriptibles los hechos asociados a la violencia política de los ‘70 y permitiría llevar ante la Justicia a los miembros de los grupos terroristas.
En 2008 el fiscal federal de Rosario Claudio Marcelo Palacín dictaminó en tal sentido. Diez años después, el tribunal definirá si esa calificación es aplicable y, en tal caso, el principal acusado, Arnold Kremer, podría ser enjuiciado como autor mediato del crimen.
Cabe recordar que el Gobierno nacional mantiene la tesitura de no considerar delitos de lesa humanidad a los cometidos por la guerrilla.
“Las Convenciones de Ginebra de 1949 dicen que en ninguna circunstancia se puede atentar, asesinar o torturar a los rehenes. Cuando las FARC en 2011 asesinaron a cuatro rehenes, la OEA sostuvo que era un crimen de lesa humanidad”, argumentó Javier Vigo Leguizamón, abogado de la familia Larrabure en una conferencia que el 19 de abril pasado dictó en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe, con el auspicio del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).
Y agregó: “Para eso no es necesario que exista ningún componente estatal. Y la mejor prueba de esto es el Informe 55/97 que emite la Comisión Interamericana en el caso Abella, que es sobre el ataque a La Tablada en 1989 del Movimiento Todos por la Patria. Dice que es aplicable tanto a los miembros de las FFAA, como a los del Movimiento. Y que no se requiere para su aplicación ni una guerra civil, ni un conflicto generalizado, ni mucho menos un control del territorio; que es lo que, contrario sensu, ha sostenido el juez Marcelo Bailaque, para negar -en primera instancia- que el caso Larrabure sea delito de lesa humanidad”.
Por su parte, la titular del Celtyv, la abogada Victoria Villarruel (foto), afirmó en declaraciones al diario El Litoral que "las Convenciones de Ginebra eran derecho vigente al momento de los hechos. Para nosotros rigen desde 1957, o sea que los miembros del ERP no pueden alegar que desconocían que esto era derecho interno. En el fallo Abela se consideró lo ocurrido en La Tablada como conflicto armado interno. ¿Cómo vamos a negar lo ocurrido en los ‘70, cuando tuvimos 17.380 víctimas, de las cuales 1094 fueron asesinadas? Cada 3 días, durante 10 años, moría una persona asesinada por terroristas. En España, la ETA -que justo acaba de pedir perdón- ocasionó 843 víctimas mortales en 45 años de accionar. Entre Montoneros y el ERP, en sólo 10, causaron 1094".
Villarruel viajó la semana pasada a Nueva York para participar de un documental sobre las víctimas del terrorismo en el Young Ambassadors Program de la Organización de Naciones Unidas, adonde llevó el reclamo que la ONG que dirige plantea al Gobierno desde hace décadas.
Vigo Leguizamón profundizó: "El problema es que el terrorismo guerrillero fue de Estado. Porque tuvo el apoyo del Estado cubano -que instruyó y financió las acciones guerrilleras-, del Estado chileno -que en épocas de Salvador Allende facilitaba el paso de guerrilleros para irse a instruir a Cuba- y fundamentalmente del Estado argentino, que en 1973 liberó a los guerrilleros detenidos que habían sido juzgados en el marco de la ley, sin desarmar a las organizaciones a las que pertenecían. Y siendo gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, creó una guerrilla que salía a matar en su nombre, y entregaba armas".
La letrada fue más allá: "El Estado sólo ha reconocido a una porción de la sociedad, a los que sufrieron abusos por parte del Estado. Pero no a todas las víctimas, mayoritariamente miembros de la sociedad civil. En España las víctimas del terrorismo están protegidas y reconocidas, mientras que en Argentina no tienen ninguno de sus derechos humanos reconocidos: ni a la justicia, ni a la verdad, ni a la reparación".
Fuente: TELEFE NOTICIAS